El Gobierno recorta la pensión a centenares de funcionarios/as de Justicia por un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones
- Primeros recortes, tras el traspaso de las pensiones de los funcionarios a la Seguridad Social
- CSIF exige una reunión urgente a los ministros de Seguridad Social y Justicia para reconducir la situación
02 de Diciembre de 2020

Centenares de funcionarios/as de todos los cuerpos de la Justicia (jueces, fiscales, letrados de la Administración, cuerpos generales y especiales) están viendo la posibilidad de que su pensión sea recortada como consecuencia de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones por parte de la Seguridad Social.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, ha recibido numerosas quejas de personas que, tras el cambio en la gestión de pensiones de Clases Pasivas de Hacienda a Seguridad Social, no se le computan años trabajados a la hora de acceder a la jubilación.

Antes del año 1990 los funcionarios interinos de Justicia carecían de un sistema de cotización para su jubilación. Esta situación irregular fue denunciada y sancionada por los Tribunales de tal manera que en ese año 90, la Administración se vio obligada a regularizar su situación. No obstante, con el paso del tiempo, ese personal, al acercarse su jubilación están comprobando que esos periodos anteriores al año 1990 no se computan a efectos de jubilación.

Por este motivo, CSIF exigió al Ministerio que estableciera un mecanismo de regularización y ese compromiso se recogió en el acuerdo firmado en diciembre de 2015.

La situación se resolvió para aquéllos que con posterioridad aprobaron su oposición y se integraron en el régimen de clases pasivas. Distinta suerte, están corriendo quienes no lo hicieron y llegan a la edad de jubilación el régimen general de la Seguridad Social.

Para CSIF, este cambio de interpretación, es el primer efecto del cambio de gestión del régimen de clases pasivas que, desde el 6 de octubre, ha pasado del Ministerio de Hacienda a depender de la Seguridad Social a nivel competencial. CSIF ya avisó de las posibles consecuencias de este traspaso y se ha dirigido a los diferentes grupos parlamentarios para blindar el régimen de las pensiones del colectivo de funcionarios en el marco del Pacto de Toledo.

Sin embargo, como nos temíamos, han acabado llegando. Hasta el 6 de octubre, los funcionarios/as de justicia titulares que se jubilaban por el régimen de clases pasivas veían reconocido todo su periodo de tiempo trabajado para acceder a la jubilación.

Ahora, con la gestión de las clases pasivas en manos de la Seguridad Social, se ha cambiado el criterio de tal manera que, este colectivo de funcionarios, se ven obligados a retrasar su jubilación en una media de 2 años o de lo contrario verían reducida su pensión en un 20 por ciento (aproximadamente unos 350 euros).

Esta nueva interpretación de la Administración, además, vulnera el contenido del acuerdo firmado por los sindicatos de Justicia y el Ministerio en el año 2015, erosiona, en consecuencia, la credibilidad del Gobierno en la negociación colectiva y no atiende al criterio establecido por los tribunales en varias sentencias que reconocen la situación de alta durante estos periodos.