El Gobierno recorta la pensión a centenares de funcionarios/as de Justicia por un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones
- Primeros recortes, tras el traspaso de las pensiones de los funcionarios a la Seguridad Social
- CSIF exige una reunión urgente a los ministros de Seguridad Social y Justicia para reconducir la situación
02 de Diciembre de 2020

Centenares de funcionarios/as de todos los cuerpos de la Justicia (jueces, fiscales, letrados de la Administración, cuerpos generales y especiales) han visto recortada la cuantía de su pensión como consecuencia de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones por parte de la Seguridad Social.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, ha recibido numerosas quejas de personas que, tras solicitar el cálculo anticipado de su pensión, han comprobado que la Seguridad Social les ha descontado años del cómputo.

Se trata del primer efecto del cambio de gestión del régimen de clases pasivas que, desde el 6 de octubre, ha pasado del Ministerio de Hacienda a depender de la Seguridad Social a nivel competencial. CSIF ya avisó de las posibles consecuencias de este traspaso y se ha dirigido a los diferentes grupos parlamentarios para blindar el régimen de las pensiones del colectivo de funcionarios en el marco del Pacto de Toledo. El propio

Sin embargo, como nos temíamos, han acabado llegando. Hasta el 6 de octubre, los funcionarios/as de justicia que se jubilaban por el régimen de clases pasivas veían reconocidos los periodos trabajados y no cotizados anteriores al año 1990 (el personal interino no cotizaba a efectos de pensión hasta esa fecha, hasta que el Gobierno regularizó su situación con un Real Decreto en 1982).

Ahora, la Seguridad ha cambiado el criterio de tal manera que este colectivo de funcionarios se ven obligados a retrasar su jubilación en una media de 2 años o de lo contrario verían reducida su pensión en un 20 por ciento (aproximadamente unos 350 euros). Esta decisión además contraviene varias sentencias judiciales que reconocen la situación de alta durante estos periodos.