Los rebrotes llegan a las cárceles, como avisó CSIF: 80 presos y 6 funcionarios aislados en Ocaña 1 (Toledo) tras un positivo de uno de los reclusos
- CSIF pedirá responsabilidades a Instituciones Penitenciarias por las deficiencias de los protocolos
30 de Julio de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la mesa de negociación del Ministerio del Interior, exige a Instituciones Penitenciarias que se extremen las medidas de seguridad, después del brote registrado en Ocaña I (Toledo), donde más de 80 presos y 6 funcionarios permanecen aislados tras un caso positivo de coronavirus de uno de los reclusos.

El caso de Ocaña (el primer caso de rebrote registrado en prisiones) se ha detectado después de que un interno regresara de un permiso de salida. Días después, en una posterior consulta hospitalaria se sometió a una prueba en la que dio positivo. Se desconoce dónde se ha podido producir el contagio, si en una comunicación que tuvo en la propia cárcel o en su posterior permiso.

El pasado 16 de julio, CSIF ya advirtió de la ausencia de protocolos y medidas suficientes de seguridad. Medidas como el restablecimiento de las comunicaciones entre los internos y las visitas en las cárceles sin los protocolos de prevención adecuados ponen en riesgo su salud y la de las plantillas.

Desde CSIF, reclamamos a Instituciones Penitenciarias que se reduzca el número de familiares que se comunican con los internos y el número de cabinas de comunicación y que se pospongan las comunicaciones vis a vis en las zonas que hayan dado un paso atrás en la desescalada, hasta que se cumpla con todas las garantías de seguridad.

Además, exigimos que se reanuden las cuarentenas preventivas en módulos específicos para los nuevos ingresos o para quienes vuelvan a los centros tras los permisos, una medida que dejó de ser obligatoria desde el pasado 25 de junio y que nos parece fundamental para reforzar la seguridad.

Desde CSIF, ya hemos presentado un recurso de reposición contra las medidas de desescalada en las cárceles (apertura de régimen de visitas, locutorios, permisos…) porque no se ajustan a derecho ni garantizan la seguridad e higiene en un momento tan complicado.

En concreto, no se está garantizando la separación obligatoria en los locutorios, no se guarda la distancia mínima de seguridad en las salas de espera de comunicaciones, por lo que se llegan a congregar en espacios reducidos hasta 100 visitantes. Tampoco se desinfectan paquetes del exterior ni se han instalado tomas de temperatura en todas las cárceles, entre otras actuaciones esenciales.

Estas medidas para la nueva normalidad ante la pandemia son insuficientes, por lo que estamos estudiando acciones legales en defensa del derecho a la protección de la salud de los trabajadores/as de Prisiones. En este sentido, consideramos que la desescalada en los centros penitenciarios se ha abordado de manera precipitada, como si no hubiera sucedido nada en estos meses de pandemia, y el personal afronta la situación con mucha incertidumbre ante posibles focos de contagios.

No hay que olvidar que las cárceles dependientes de Interior hay unos 50.000 reclusos y 25.000 trabajadores/as cuya salud depende ahora de unas actuaciones preventivas insuficientes.

Desde CSIF, reclamamos a Instituciones Penitenciarias que se reduzca el número de familiares que se comunican con los internos y el número de cabinas de comunicación y que se pospongan las comunicaciones vis a vis en las zonas que hayan dado un paso atrás en la desescalada, hasta que se cumpla con todas las garantías de seguridad.

Además, exigimos que se reanuden las cuarentenas preventivas en módulos específicos para los nuevos ingresos o para quienes vuelvan a los centros tras los permisos, una medida que dejó de ser obligatoria desde el pasado 25 de junio y que nos parece fundamental para reforzar la seguridad.