El Estatuto del Personal Docente e Investigador complica y precariza aún más la carrera profesional en la Universidad
- El ministro Manuel Castells nos ha presentado su propuesta
- CSIF advierte de que agravará la inestabilidad laboral: no recoge ni una sola medida que beneficie a los profesores asociados
- No incluye Memoria Económica: desconocemos sus objetivos de inversión ni sus alternativas salariales
13 de Julio de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha advertido hoy de que el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que ultima el Gobierno complicará y precarizará aún más la carrera profesional en la Universidad.

CSIF, en una reunión hoy con el ministro de Universidades, Manuel Castells, para presentar su propuesta de Estatuto, ha rechazado esta iniciativa porque plantea una carrera paralela a la funcionarial y eso provocará una mayor inestabilidad laboral y una pérdida de seguridad económica, jurídica y administrativa entre el personal de nuestras Universidades.

Según el documento de propuesta del Ministerio para el PDI, se prevé reestructurar el régimen de figuras del personal docente e investigador, pero llama la atención que no incluye ni siquiera una Memoria Económica, por lo que desconocemos sus objetivos de inversión ni sus alternativas salariales para los afectados.

El texto del Ministerio prevé, por ejemplo, que existan Catedráticos funcionarios y Catedráticos que sean personal laboral, similar al modelo introducido en Cataluña, con menos peso de los funcionarios, y que está provocando aún más inseguridad.

Además, la propuesta no introduce ni una sola medida que mejore las condiciones laborales de los Profesores Asociados, el colectivo más precario -casi 34.000 profesionales- y que representan el 34,1% del conjunto del personal docente e investigador de las universidades públicas.

Precisamente Castells ha defendido que el objetivo de la reforma es acabar con la precariedad de este colectivo, algo que nos choca especialmente porque no introduce ni una sola actuación para mejorar su situación.

Llevamos años denunciando la inaceptable precariedad y temporalidad del PDI laboral y exigimos que cualquier reforma debe limitar la temporalidad, posibilitar la promoción y el paso a la carrera académica, acabar con la tasa de reposición y realizar amplias convocatorias de plazas para estabilizar a este colectivo.

La Universidad no puede desempeñar con dignidad y eficacia sus funciones cuando una parte considerable del PDI está afectado por un grado alarmante de precariedad laboral.

Un limbo inaceptable

Denunciamos, además, que el texto del Estatuto deja en un limbo inaceptable a figuras laborales como el contratado doctor y el ayudante doctor que ni se mencionan en el texto, lo que ha provocado una gran incertidumbre entre los afectados sobre su futuro.

El Boletín Estadístico del Empleo Público recientemente elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas, con datos de enero de 2020, recoge un total de 101.693 PDI en las universidades públicas españolas.

Del montante global, el PDI funcionario sólo alcanza la cifra de 41.079 (40.564 funcionarios de carrera y 515 funcionarios interinos) con una tasa de interinidad del 1,25%.

Mientras, el PDI laboral suma ya 60.614 trabajadores (12.351 laborales fijos y 48.263 laborales temporales) con un 79,62% de temporalidad. Según datos del propio Ministerio de Universidades, 33.954 son profesores asociados que representan un 34,1% del conjunto del PDI de las universidades públicas.

Este curso, el 40,39% de los profesores de universidades públicas son funcionarios mientras que más del 59%, incumpliendo la Ley Orgánica de Universidades, son contratados laborales en sus diferentes figuras docentes.