CSIF reclama más protección para todo el personal de Justicia ante la aparición de los primeros casos en los Juzgados
- Cerca de 45.000 empleados/as públicos no tienen soporte ni equipos informáticos para trabajar desde sus casas
- Los sistemas informáticos que ya fallan en situaciones normales por el volumen del tráfico de datos no podrían soportar un modelo de teletrabajo masivo.
19 de Marzo de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado hoy al Gobierno que refuerce las medidas de protección para todo el personal de la Administración de Justicia ante la aparición de los primeros casos de coronavirus en los Juzgados.

Unos 5.000 empleados/as públicos de Justicia están trabajando presencialmente en todo el país, según estimaciones de CSIF, pese a que la mayor parte de los centros de trabajo carecen de medios de prevención suficientes. Exigimos hidrogeles, guantes y suministro de jabón en todos los baños de las sedes judiciales, así como su limpieza intensiva y desinfección, especialmente en los destinos de atención directa al público y los Juzgados de guardia.

El teletrabajo solo es posible para jueces, fiscales y letrados -y no en todo el país- y el resto de empleados/as públicos, cerca de 45.000 profesionales, no tiene equipos informáticos ni soporte para trabajar desde sus domicilios. Además, los sistemas informáticos que ya fallan en situaciones normales por el volumen del tráfico de datos no podrían soportar un modelo de teletrabajo masivo.

El sindicato critica que en la Administración de Justicia se fijan unos servicios esenciales que deben garantizarse en todo caso -acordados entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado- y unos servicios mínimos (dotación de personal) que son un “corta y pega” de los establecidos para el caso de huelga, a pesar de que estamos en un estado de emergencia sanitaria.

Desde CSIF, pedimos reducir la prestación del servicio de forma presencial a unos servicios mínimos de guardia y el resto del personal en disponibilidad y localización por si fuera necesario.

El personal de Justicia está sufriendo la descoordinación de las administraciones. Sólo ha habido acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio y Fiscalía General del Estado para fijar los servicios esenciales, pero en el resto de asuntos e incidencias no hay instrucciones claras ni homogéneas.

Actualmente, se han suspendido los plazos y actuaciones procesales -como, por ejemplo, los juicios- salvo supuestos excepcionales, como sucede con los procedimientos de conflicto colectivo o los de protección de derechos fundamentales.