CSIF propone ampliar el decreto de medidas económicas: Reforzar la Inspección Laboral para prevenir abusos empresariales
- Seguridad para subcontratados para ayuda a domicilio, teletrabajo y contact center y teleasistencia y desinfección de los puestos de trabajo.
18 de Marzo de 2020

D. Salvador ILLA ROCA

MINISTRO DE SANIDAD

Paseo del Prado 18

28014- Madrid

Sr. Ministro:

La situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19 ha supuesto la adopción, por nuestro Gobierno, de medidas de carácter extraordinario para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y hacer frente al impacto económico y social mediante la articulación normativa para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.

Dentro de las citadas medidas se decretó el estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, publicado en el BOE el 14 de marzo y con entrada en vigor en el momento de su publicación, en el que se establece en su Art. 2 que las medidas adoptadas afectan a todo el territorio nacional y conforme a lo establecido en su Art. 4 designa al Ministerio de Sanidad, como autoridad competente delegada.

Asimismo, mediante Real Decreto ley 8/2020 se amplían las medidas ya tomadas con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas, con un triple objetivo. Primero: reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.

En CSIF, sindicato con creciente presencia en el ámbito de la Empresa Privada, ante la pandemia de la enfermedad COVID‐19, y la situación generada que ha desembocado, somos conscientes del esfuerzo que se está haciendo por nuestro Gobierno, en unas circunstancias extraordinarias que requieren de respuesta inmediata y eficaz, encaminada a proteger la salud de los ciudadanos, el empleo y el tejido empresarial de nuestro país.

En relación con la exposición de aquellos trabajadores que, ante esta situación de extraordinaria alarma sanitaria, deben permanecer en su puesto de trabajo, como Ud. bien conoce, las obligaciones del empresario frente a los riesgos laborales, están establecidos en el art. 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, donde se establece que deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Así mismo en el art.40.2 de la Constitución se vincula a los poderes públicos al derecho a la protección de la salud en el ámbito del trabajo y que velaran por la seguridad e higiene en el trabajo.

Como indica el artículo 5 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se encuentra entre las obligaciones del empresario el orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en el anexo II.

Además, hay que tener en cuenta el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en concreto su artículo 7 las medidas higiénicas y en su artículo 14 sobre Establecimientos sanitarios y veterinarios distintos de los laboratorios de diagnóstico.

Por todo ello, CSIF le traslada, en su condición de autoridad competente delegada, una serie de propuestas encaminadas a reforzar y mejorar las medidas adoptadas en el citado Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que desde nuestra organización consideramos deben ser atendidas para mejorar la protección de la salud de los trabajadores y el empleo de estos y que sin duda contribuirán a la superación de esta situación de excepcionalidad a la que se está enfrentando toda la ciudadanía.

En base a lo anterior, CSIF, propone las siguientes medidas ampliatorias al Real Decreto ley 8/2020, para su regulación inmediata:

  1. Respecto de los servicios de “ayuda en domicilio” a los que se les aplica el art. 1 que refuerza los servicios domiciliarios. Dichos servicios se prestan en la mayor parte de las veces en situación de contrata o subcontrata, para ello solicitamos que se libere el crédito necesario para ampliar estos servicios sin que repercuta en las condiciones laborales y económicas de estos trabajadores. Lo que entendemos posible en aplicación de la Disposición Final 6ª, debe aplicarse no sólo a contrataciones de la Administración General, sino a todo tipo de Administración.

  1. A su vez debe reforzarse paralelamente sus condiciones de seguridad con el suministro sin excusas de Equipos de Protección Individual que debe ser obligatorio, independientemente que el servicio se preste directamente por la Administración o mediante empresa interpuesta. Sin las condiciones de seguridad mínimas debe paralizarse la actividad.

  1. Se refuerza los servicios de “teleasistencia”. Igual razonamiento debe aplicarse a los trabajadores del Sector “Contact Center” con especial vigilancia a las distancias de seguridad entre operadores y la desinfección diaria de su lugar de trabajo. Sin las condiciones de seguridad mínimas debe paralizarse la actividad.

  1. El reforzamiento de las plantillas de servicios sociales, debe ser extensivo a las empresas que presten dichos servicios en situación de contrata o subcontrata.

  1. El Art. 5 del RD Ley refuerza con carácter preferente del trabajo a distancia. Se dará por cumplidos los requisitos de Prevención de Riesgos con una simple autoevaluación. Solicitamos que se regulen las situaciones de posibles riesgos de seguridad por la intromisión de terceros en las redes particulares de los trabajadores a distancia. Que el trabajo a distancia no ocasione ningún coste al trabajador.

  1. El Art. 6. Este artículo recoge la posibilidad de cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado. También alternativamente podrá tener una reducción de jornada que deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada. Para este tipo de discrepancias debería ser válida una mera declaración responsable, sin perjuicio de que posteriormente se analice por la autoridad laboral o judicial correspondiente.

  1. Art. 22. Medidas excepcionales respecto a la suspensión de contratos y reducción de jornada. Reducción de plazos, inclusión en el concepto de Fuerza Mayor de lo relacionado con la crisis COVID-19. Entendemos igualmente que se deben reforzar las plantillas de la Inspección de trabajo, aunque el RD Ley catalogue como potestativo el informe de la Inspección ello no debe ser óbice para que se evacúen el máximo número posible de ellos, lo que dota de seguridad jurídica a los procedimientos.

  1. Idénticas consideraciones para el art. 23 sobre ERTES por causas productivas organizativas o económicas derivadas de la crisis COVID-19. Entendemos que se debe reforzar urgentemente las plantillas de la Inspección de trabajo, así como las de las distintas autoridades laborales, ante la presumible utilización masiva de estos mecanismos, sin perjuicio, de que mientras perdure la situación de alarma, se potencia el teletrabajo.

  1. Disposición Adicional 6ª. Las medidas de aplicación laboral extraordinarias quedan ligadas al compromiso de la empresa de mantenimiento del empleo durante 6 meses posteriores a la reanudación de la actividad. Dicha condición debe ser obligatoria y no potestativa y sujeta a régimen sancionador.

  1. Respecto de las medidas que afectan a los funcionarios aduaneros, solicitamos que se refuercen las plantillas.

  1. Respecto a la posibilidad de incumplimientos horarios y de jornadas (excesos) sin respeto a los descansos legales establecidos para el personal de investigación. Aún, entendiendo el loable propósito, y con la finalidad de que dicha medida no sea contraproducente, entendemos que dichas ampliaciones de jornada, deben ser efectuadas bajo informe de la Inspección de Trabajo y conocimiento de la autoridad laboral correspondiente.

  1. En las zonas de alto riesgo, se debe suspender por Fuerza Mayor temporal, toda actividad laboral, salvo servicios esenciales como la distribución de alimentos. Decretando la permanencia obligatoria de las personas trabajadoras en sus domicilios, como consecuencia de la suspensión temporal de prestación de servicios, teniendo dicha permanencia la consideración de prestación de desempleo por fuerza mayor temporal. Con cargo al fondo creado.

  1. En el escenario de mantenimiento del deber de trabajar o en el de regreso a los puestos de trabajo tras la superación de la crisis:

  • Para aquellos trabajadores que deban incorporarse a sus puestos de trabajo, se establecerán medidas de vigilancia a la salud para garantizar que no están infectadas por el COVID-19.
  • Se hace necesario que se desarrolle un protocolo de limpieza y desinfección para instalaciones que incluya tipo de productos químicos a emplear, frecuencia o periodicidad de la limpieza, métodos y técnicas de limpieza y desinfección para el mobiliario, suelos, paredes, equipos, instalaciones de climatización, documentación, ropa de trabajo y vehículos, y equipos necesarios para desinfección y descontaminación del SARS-COV-2 en el ámbito laboral.

En espera de sus prontas noticias, reciba un cordial saludo

Madrid a 18 de marzo de 2020

Fdo. Miguel Borra Izquierdo

Presidente Nacional de CSIF