Más de 126.000 personas opositan a 8.102 plazas en la Administración General del Estado
- Aún queda pendiente de resolver más de la mitad de la oferta pública de 2018 y toda la de 2019
19 de Octubre de 2019

Un total de 126.376 personas se han presentado hoy a las oposiciones convocadas para un total de 8.102 plazas para los cuerpos generales de la Administración General del Estado, tanto de nuevo ingreso como de promoción interna, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

Las oposiciones se han celebrado en toda España salvo en Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja, donde no se han habilitado centros de exámenes, con el consecuente perjuicio para las personas que se deben desplazar a otras comunidades autónomas.

Pese a que la convocatoria que se celebró este sábado es la mayor de los últimos 11 años, CSIF lamenta el retraso que se está produciendo, ya que aún queda pendiente de resolverse más de la mitad de la oferta de empleo público de la Administración del Estado correspondiente a 2018 (aun no han salido 2.000 plazas y el resto están en proceso) y la práctica totalidad de 2019. Las primeras incorporaciones a la Administración no se producirán hasta 2020.

CSIF recuerda que la plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos registrando así su mínimo histórico desde 2002, año desde el que existen datos disponibles.

Y es que, en los últimos 8 años se han perdido 38.835 empleos, a razón de 20 al día, el equivalente a la población de municipios como Rentería (Guipúzcoa), Alhaurín de la Torre (Málaga), Soria o Andújar (Jaén).

En este sentido, desde CSIF reclamamos un plan de recursos humanos a medio plazo para reforzar las plantillas donde sea necesario y teniendo en cuenta además la avalancha de jubilaciones que se van a producir (32.000 en cinco años, casi los mismos que los empleos perdidos durante la crisis).

El retraso en las convocatorias también afecta a la temporalidad en nuestras administraciones públicas. Ayer mismo, la abogacía de la UE volvió a reprochar a España el abuso de la interinidad que ya asciende a una tasa del 28,2 por ciento, más de dos puntos por encima del sector privado (25,9).

Este colectivo no puede sufrir los efectos de una situación generada por la propia Administración, al abusar y utilizar sus contratos temporales para cubrir puestos de carácter estructural.

De esta manera, la administración no puede perder ni un minuto más en el desarrollo de los procesos de estabilización, teniendo en cuenta que solo se han puesto en marcha procesos de estabilización para un 20 por ciento de las plazas contempladas y hay unas 300.000 personas interinas a la espera. Esta situación se agrava, ante la parálisis del Gobierno por la falta de acuerdo político.