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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha revalidado su victoria en las elecciones celebradas hoy en la Administración General del Estado (sumando los votos del personal laboral y funcionario), así como en el ámbito de la Justicia.
CSIF obtiene un 25 por ciento de representatividad, frente a UGT y CC.OO, que registran un 22 y un 21 por ciento, respectivamente, mientras que USO sale del mapa sindical al quedarse sin votos suficientes para alcanzar representatividad en las mesas de negociación.
De esta manera, al igual que sucedió hace cuatro años, CSIF se sitúa al frente de todos los sindicatos sumando la representatividad tanto del personal funcionario como del personal laboral de la Administración General del Estado.
Los funcionarios de prisiones siguen respaldando mayoritariamente a CSIF, a pesar de la irrupción del movimiento ‘Tu Abandono Me Puede Matar’, que no llegan al 10 por ciento de representación y por tanto se quedarán fuera de la mesa de negociación, donde se decidirán las condiciones laborales de este colectivo.
El personal laboral, tradicionalmente había sido un ámbito donde las organizaciones sindicales de clase habían tenido más representatividad. Pero los resultados obtenidos consolidan una tendencia a favor de una opción sindical profesional, independiente y negociadora, sin injerencias de los partidos políticos.
Por su parte, en el ámbito de la Justicia, CSIF revalida el primer puesto con un 34 por ciento, por encima de STAJ (23), CC.OO (20) y UGT (10,8).
CSIF agradece el respaldo obtenido por parte de los trabajadores y trabajadoras y volcará todos sus esfuerzos desde ya en alcanzar un nuevo acuerdo de legislatura que pase por los siguientes puntos:
EMPLEO
La plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos registrando así su mínimo histórico desde 2002, año desde el que existen datos disponibles.
En los últimos 8 años se han perdido 38.835 empleos, a razón de 20 al día.
Reclamamos un plan de recursos humanos a medio plazo frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir (32.000 en cinco años, casi los mismos que los empleos perdidos durante la crisis) y reforzar las plantillas donde sea necesario.
En este sentido, es preciso agilizar las ofertas de empleo público pendientes y las convocatorias de plazas interinas.