Bélgica retira la inmunidad diplomática a ocho funcionarias españolas de carrera tras casi 40 años en el país
- El Gobierno belga cree que llevan demasiados años en el país y les exige que tributen como residentes extranjeros
- CSIF solicita al Gobierno español que medie para que estas trabajadoras, a punto de jubilarse, mantengan todos sus derechos
20 de Mayo de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado al Gobierno que defienda los derechos de ocho funcionarias de la Embajada española en Bélgica a quienes la Administración de ese país les ha retirado la inmunidad diplomática tras casi 40 años de servicio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores belga, sin previo aviso, contra el criterio que había seguido desde 1980, ha rechazado renovar la Tarjeta de Identidad Especial (TIE) de estas funcionarias españolas, destinadas en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dependiente de la Embajada, y que están a punto de jubilarse.

Bélgica considera que llevan demasiado tiempo viviendo de manera permanente en el país y por lo tanto ya no tienen consideración de personal diplomático, sino de meros empleados administrativos y por tanto les retira su acreditación y les deja en un limbo jurídico. CSIF ha pedido explicaciones y solicita al Gobierno español que interceda.

La no renovación de estas tarjetas supondrá que tengan que pagar sus impuestos en Bélgica (hasta ahora lo hacían en España), lo que les supondrá una importante pérdida de poder adquisitivo, y dejarán de gozar de la inviolabilidad diplomática, tanto en su persona como en sus domicilios, como recoge la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Desde el año 1980, la Dirección de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores belga acreditaba a estas funcionarias como personal técnico y administrativo de la Embajada de España y con residencia no permanente, en aplicación de la citada Convención de Viena que recoge los privilegios e inmunidades de este colectivo.

En este sentido, CSIF ha solicitado, en un escrito remitido al Ministerio de Trabajo, que actúe para defender con urgencia los derechos de estas funcionarias de carrera, ya que la decisión del Gobierno belga contraviene una práctica realizada desde hace décadas, así como la propia Convención.

Por todo ello, reivindicamos su derecho a que les renueven sus tarjetas de identidad especial, sin otro límite temporal que el que se deriva del ejercicio de sus funciones en la Misión Diplomática española, y que dejen de estar en este limbo jurídico inaceptable tras tantos años de servicio público.

Por su parte, el Ministerio español de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha abogado por llegar a una solución y por extender la acreditación de estos funcionarios por un número limitado de años, lo que solucionaría este problema, según ha indicado en un escrito de respuesta remitido a CSIF sobre este asunto.

El Ministerio considera que la Administración belga debería tener en cuenta que, desde 2015, la permanencia del personal español desplazado en el exterior se ha limitado a un máximo de 5 años y que situaciones como éstas requieren una “solución razonable”.

Por último, este Departamento indica que trasladará toda la información al Ministerio de Asuntos Exteriores -que es el competente para la interlocución con Bélgica- para que haga “cuanto esté a su alcance para buscar una solución satisfactoria para este personal”.