CSIF asegura que la sentencia del TC sobre la Ley de Educación Catalana muestra la dejadez de los Gobiernos en treinta años
- CSIF Educación vuelve a exigir el Pacto de Estado y el Estatuto Docente como claves de la mejora de la Educación
26 de Abril de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha asegurado hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional que deroga varios artículos de la ley de Educación de Cataluña muestra la dejadez de la Administración central en los últimos treinta años.

En la sentencia del Tribunal Constitucional -de 19 de abril- se ha determinado la inconstitucionalidad de diez artículos de la Ley de Educación de Cataluña (Ley 12/2009 de 10 de julio) y se han formulado aclaraciones de otros para que su aplicación sea adecuada a la legalidad.

En este sentido, se han declarado contrarias a derecho las siguientes cuestiones:

En la Ley de Educación de Cataluña, se hace mención a los currículos de las diferentes enseñanzas. Pues bien, el Alto Tribunal establece que invade las competencias del Estado puesto que se establece que es el Estado a través de la Ley Orgánica de Educación quien debe dar las pautas básicas para todo el Estado en pos de la igualdad de todos los ciudadanos ante el derecho fundamental de la Educación.

La posibilidad que se establece en dicha Ley Autonómica de crear Cuerpos Docentes autonómicos, así como de regular cuestiones que según el Alto Tribunal compete solo al Gobierno Central, ya que se establece que es éste quien tiene que regular el Estatuto básico de los funcionarios, así como determinar la igualdad de sus administrados en todo el territorio nacional.

En cuanto a lo que el Tribunal considera ajustado a la Constitución, pero siempre y cuando se atenga a sus valoraciones de aplicación, está la cuestión de las disposiciones que declaran el catalán y el aranés lenguas vehiculares en la enseñanza. En los fundamentos jurídicos podemos leer que ya en sentencias anteriores se pueden declarar estas lenguas oficiales como vehiculares, pero sin que en ningún caso pueda “impedir igual utilización del castellano”. De hecho, según recuerda la sentencia, ya se ha declarado inconstitucional en fallos anteriores la atribución de preferencias entre lenguas oficiales.

CSIF no valora la sentencia, pues como no puede ser de otra manera es de obligado cumplimiento, pero sí vuelve a denunciar que es una muestra más de que los diferentes Gobiernos han incurrido en una dejación de funciones a lo largo de los años, haciendo que este tipo de situaciones creen todavía más crispación en el Sistema Educativo.

Y es que CSIF viene reiterando la necesidad de un Pacto de Estado que debe estar sujeto a lo que la Constitución española establece y ha de estar también delimitado por las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional en los últimos años, aspecto que se vuelve a recalcar en esta última. El currículo debe ser básico para la igualdad de todo el alumnado del Estado y, por tanto, es competencia del Gobierno Central legislarlo.

Asimismo, el Cuerpo Docente es nacional pues es la única Administración Educativa que puede otorgar títulos académicos, además de que es su competencia exclusiva el establecer el marco estatutario de sus funcionarios.

Ahora, en elecciones y con las diferentes ocurrencias deslavazadas de los programas electorales en el área de Educación por parte de los partidos políticos, exigimos que después de la formación del Gobierno se solucionen los problemas en la Educación, procurando una estabilidad legislativa el Sistema Educativo. Se debe partir de cuatro principios básicos:

- Establecimiento de las competencias de cada Administración en el Sistema Educativo.

- Financiación mínima del Sistema a partir de un 7% del PIB.

- Estatuto Docente que homologue las condiciones laborales y retributivas que mantenga su condición de Cuerpo Nacional.

- Homologación de las enseñanzas en todo el territorio, estableciendo las materias básicas que todo el alumnado debe recibir independientemente donde curse sus estudios.

Sin este Pacto que estabilice la Ley Orgánica sobre Educación, es imposible que podamos acometer las medidas que deben implantarse posteriormente para la mejora de la calidad, reducción del abandono escolar y preparación de nuestros jóvenes a las nuevas realidades profesionales y tecnológicas que la sociedad nos exige.