Interior asume la propuesta de CSIF para endurecer las sanciones a presos conflictivos
- Instituciones Penitenciarias rechaza de entrada las pistolas eléctricas, pero invita a CSIF a llevar una propuesta al Congreso
16 de Abril de 2019

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha remitido un escrito a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior, donde señala que “a corto plazo” debe llevarse a cabo un endurecimiento de las faltas y sanciones disciplinarias a los presos, con el fin de reducir las situaciones de violencia e inseguridad que viven los empleados públicos que trabajan en prisiones.

Por otra parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias afirma que esta Administración no es partidaria de la reforma legal que permita el uso de armas de descarga eléctrica en centros penitenciarios. No obstante, invita a CSIF a llevar una propuesta al Congreso de los Diputados.

El pasado 25 de marzo, CSIF registró una petición formal a Instituciones Penitenciarias para el endurecimiento de sanciones, coincidiendo con la alarma generada entre los trabajadores por la coincidencia en el tiempo de diferentes sucesos en nuestras cárceles (pinchazos múltiples en el cuello a un funcionario en Soto; agresiones a diferentes trabajadores en Piccassent por un mismo interno peligroso, o el reciente fin de semana negro, en el que una docena de trabajadores fueron agredidos en diferentes centros penitenciarios).

Pues bien, en respuesta a esta carta, el secretario general de Instituciones Penitenciarias asegura que “comparte la inquietud en que el catálogo de faltas y sanciones en el ámbito penitenciario debería estar recogido legalmente y no con rango reglamentario”. “Además, es evidente que algunas de las infracciones se encuentran obsoletas y requieren de una actualización”, añade.

CSIF valora de manera positiva esta propuesta para elevar a rango de Ley las sanciones dado que, de entrada, conllevaría un debate en el Congreso de los Diputados entre las diferentes fuerzas políticas, algo que consideramos fundamental para actualizar el modelo de Instituciones Penitenciarios a las necesidades del siglo XXI, con el consenso de los principales partidos

PROPUESTA DE REFORMA DE CSIF

Para CSIF, la primera medida debe pasar por el desarrollo del Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones en Centros Penitenciarios (PEAFA) por el que se considera a los funcionarios de prisiones la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docentes, que conllevan hasta 4 años de cárcel (por tanto añadidos a la pena que ya estén cumpliendo).

CSIF también considera que se debe elevar la consideración de falta grave a muy grave las situaciones de insultos y amenazas, el desobedecer las órdenes de los funcionarios, instigar a otros presos a realizar motines o el introducir móviles a las prisiones (con ello se pueden realizar actividades delictivas, como dirigir organizaciones criminales, vulnerar el derecho a la intimidad o la imagen de otros presos y funcionarios, o poner en peligro la seguridad del centro).

La falta muy grave conlleva la reclusión en módulos de aislamiento en un periodo comprendido entre uno y catorce días en función de la gravedad