El Gobierno cambia la normativa para hacerse con el control de la mutualidad de los funcionarios de Justicia
- CSIF recurrirá ante los Tribunales esta medida, aprobada a espaldas de los mutualistas, semanas antes de las elecciones generales
20 de Marzo de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha concentrado hoy en Madrid contra la decisión del Gobierno de tomar el control de la mutualidad de los funcionarios de Justicia, para eliminar el control sobre las cuentas y la asistencia sanitaria por parte de los funcionarios que se benefician de este sistema.

Para CSIF, se trata de una verdadera cacicada aprobada semanas antes de las elecciones generales y que restará democracia y transparencia a este organismo por el que se gestiona la sanidad y los servicios sociales de los funcionarios de este ámbito.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 12 de marzo el Real Decreto de reordenación y actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial.

Con la nueva normativa, adoptada de espaldas a los mutualistas y de manera sorpresiva, el Ministerio cercena los mecanismos establecidos para el control de la Mutualidad de Funcionarios de Justicia (MUGEJU), una entidad que gestiona un presupuesto de 104 millones de euros y que da cobertura a unas 100.000 personas.

Con esta normativa, se eliminan los dos máximos órganos de control democrático de la mutualidad -la Asamblea y la Comisión Permanente- y se sustituyen por otros dos - el Consejo General y la Comisión Rectora-, controlados directamente por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, responsable de la designación de sus miembros.

Para CSIF, sindicato mayoritario en el ámbito de la Administración de Justicia, todo ello demuestra la voluntad del Ministerio de acallar las voces críticas sobre la gestión y el control del presupuesto de esta entidad, sobre los recortes de las prestaciones o sobre los abusos de las entidades médicas que dejan en una situación de indefensión a los mutualistas.

Desde el sindicato, denunciamos que todavía están vigentes los recortes sobre ayudas sociales (gafas, prótesis, dentales, jubilación), así como los retrasos en el pago de las bajas por enfermedad; problemas de asistencia en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y en las ‘urgencias vitales’ (con casos como que el paciente acude por un infarto a un hospital público cercano en vez de acudir al centro de la mutualidad y se tiene que costear él mismo la asistencia).

CSIF combatirá esta normativa con todos los medios a su alcance, jurídicos y de acción sindical, ya que supone un atropello contra el conjunto del personal de la Administración de Justicia y contra la democracia y la transparencia.

Rechazamos el intento de la ministra de Justicia y de la gerente de la mutualidad de convertir una institución, que es de todas las personas mutualistas, en un cortijo particular al servicio de intereses de una exigua minoría.