CSIF firma el convenio colectivo para los cerca 40.000 trabajadores en régimen laboral de la Administración del Estado
- Contempla la jubilación parcial en 2021, un salario mínimo de 1.071,40 e y una subida media de 30 e, adicional al incremento salarial de los dos últimos años
- Unas 8.000 personas podrán pasar del régimen de personal laboral al de funcionario
01 de Marzo de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, ha cerrado la negociación del IV Convenio Colectivo del personal laboral, unas 40.000 personas que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Se trata del convenio colectivo más grande de España en número de trabajadores y entrará en vigor tras su publicación en el BOE a lo largo de los próximos días.

La firma del acuerdo, por tanto, se produce prácticamente in extremis antes de la celebración de las próximas Elecciones Generales y el cese del Gobierno, lo que hubiera supuesto un nuevo retraso.

El texto, en su conjunto, es bueno y se incluyen cuestiones importantes como una nueva clasificación profesional adaptada al sistema educativo actual, un incremento salarial de 30 euros de media (se ingresará una nómina de 264 lineal en concepto de retrasos por 2018), así como la jubilación parcial a partir del 1 de enero de 2021.

El texto también establece un salario mínimo de 1.071,40 euros (CSIF reclamó 1.200), garantías para que no se produzcan diferencias retributivas entre colectivos hasta el momento equivalentes; un nuevo sistema de movilidad con concursos permanentes de traslados; y el cambio de régimen jurídico de personal laboral a funcionario para trabajadores que realizan funciones administrativas reservadas a estos últimos. Este cambio de régimen se realizará con garantías para mantener las retribuciones y el ámbito geográfico. Calculamos que podrán acogerse a este proceso unas 8.000 personas.

El convenio también incluye:

  • Determinación de las funciones de cada trabajador mediante la especialidad.
  • Compromiso de la Administración de limitar las contrataciones fuera de convenio a aquellas funciones que no existan dentro del mismo.
  • Movilidades y excedencias bajo condiciones especiales por conciliación, violencia de género, o por ser víctima de terrorismo.
  • Desbloqueo de la vía judicial para la solicitud de los nuevos complementos.