CSIF rechaza el traspaso de prisiones al País Vasco
- CSIF emprenderá acciones legales si se producen las transferencias sin negociación sindical
- Las prisiones españolas no deben ser moneda de cambio presupuestario
- El Gobierno debe dar explicaciones hoy en el Pleno del Senado
05 de Febrero de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias muestra su más profunda preocupación y rechazo a las trasferencias en materia de prisiones al País Vasco y otras comunidades, como Canarias, que también lo han solicitado.

El Gobierno debe responder hoy a una interpelación, planteada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las competencias que se pretenden transferir al País Vasco y su calendario de negociación. En este sentido, y ante el inminente debate de los Presupuestos en el Pleno del Congreso de los Diputados, CSIF considera que las prisiones españolas no deben ser moneda de cambio, con el traspaso de competencias.

Desde CSIF Prisiones entendemos que las variaciones de las condiciones de trabajo de los empleados públicos penitenciarios son materia de negociación sindical y están recogidas en el R.D Legislativo 5/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, si se producen las citadas transferencias sin negociación, adoptaremos las medidas legales oportunas.

CSIF entiende que la transferencia de Prisiones supone un nuevo ataque a los empleados públicos penitenciarios --que mantienen un conflicto colectivo con el Gobierno desde hace más de año y medio--, teniendo en cuenta que va a condicionar la movilidad, las condiciones de trabajo, los horarios, la conciliación laboral y familiar y la carrera profesional.

Este proceso de transferencias también dará poder de decisión a la comunidad autónoma para decidir sobre cuestiones fundamentales, como el régimen de los reclusos, sistema de permisos, libertades condicionales etc.

Asimismo, potenciará las desigualdades retributivas entre los empleados públicos penitenciarios en todo el Estado que, según un estudio realizado por CSIF, oscilan entre los 350 € y los 700 €, respecto a los compañeros de las prisiones de Cataluña.

Por otra parte, este proceso de transferencias genera incertidumbre sobre las políticas penitenciarias que tan buen resultado han dado durante la democracia, pese a la situación de dificultad que afrontamos en la actualidad como consecuencia de las políticas de recortes y el abandono de las plantillas por parte de nuestros responsables políticos.

En este sentido, las transferencias tendrán consecuencias sobre la población reclusa y puede condicionar la seguridad del Estado en materias tan sensibles para nuestra sociedad como la lucha contra el Yihaidismo, la delincuencia organizada, la corrupción etc.

¿Alguien pone en duda que la política penitenciaria única y la dispersión de presos ha sido uno de los principales activos en la lucha contra ETA y su desaparición?

Por ello, desde CSIF Prisiones, solicitamos a todos los Grupos Parlamentarios –con los que iniciaremos una ronda de contactos-- altura de miras y responsabilidad política para frenar el traspaso de las Prisiones a Euskadi porque, una vez concedidas dichas trasferencias, ya no habrá marcha atrás.