CSIF teme que las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social acaben con las prácticas no remuneradas en empresas
CSIF pide una reunión urgente a Educación para evitar que esta medida disuada a las empresas, haga peligrar títulos de FP y eleve los costes en la Universidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado una reunión urgente a los ministerios de Educación y Ciencia, Innovación y Universidades para analizar las consecuencias de las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas.

El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas. En dicha norma se incluye una disposición adicional quinta, por la que se regula la inclusión en la Seguridad Social a aquellos alumnos que realizan prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades.

La norma señala además que se deben incluir incluso aquellas prácticas no remuneradas entre las que se encuentran los alumnos universitarios de titulaciones de Grado y Máster así como alumnos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior.

Desde CSIF consideramos las prácticas académicas imprescindibles y la formación de nuestros estudiantes

Sin embargo, la normativa publicada se ha realizado sin negociación y puede tener repercusiones muy negativas para los estudiantes, las universidades y el desarrollo de las prácticas en las empresas: por un lado en la Universidad, lo que podría repercutir en el precio de las tasas y en la gestión de los centros docentes que acogen a estos alumnos universitarios; y por otro en las empresas, disuadiéndolas de realizar este tipo de contratos en prácticas. Se da la circunstancia de que estas prácticas son en la actualidad obligatorias para la obtención del título de FP.

Igualmente, si las Universidades tuvieran que hacerse cargo de la Seguridad Social de todos los miles de estudiantes que tienen que realizar prácticas de aprendizaje no remunerado, podría acarrear serios problemas económicos a los centros universitarios y conllevar una importante disminución de las prácticas ofertadas.

Por otro lado, consideramos que esta norma supondría una carga burocrática considerable al conllevar una revisión de todos los convenios de colaboración junto con altas y bajas constantes en Seguridad Social. Esto implicaría una nueva sobrecarga de trabajo a los empleados públicos de las universidades o, en el mejor de los casos, un aumento de recursos humanos con el consiguiente incremento en gasto.

Como se indica en la propia disposición adicional quinta en su apartado 6, el Gobierno se da tres meses de plazo para desarrollar esta normativa. CSIF considera que debe ser negociado, pues afectará sin duda a los docentes y al Sistema Educativo, y exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional que exponga al Ministerio de Hacienda los inconvenientes que puede acarrear a nuestro Sistema Educativo.