Cerca de 4.000 personas con discapacidad intelectual procedentes de toda España opositaron este sábado para 279 plazas en la Administración Pública
- CSIF critica la insuficiente oferta de empleo y exige al Gobierno que solucione las situaciones de discriminación que todavía perviven
- Las personas con discapacidad se enfrentan, una vez que aprueban la oposición, a problemas de movilidad y adaptación al puesto de trabajo
21 de Septiembre de 2018

Cerca de 4.000 personas con discapacidad intelectual procedentes de toda España se examinaron este en Madrid para acceder a 279 plazas de ordenanza (ayudante de gestión y servicios comunes) de la Administración General del Estado en toda España.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha estado presente en esta prueba para atender dudas y dar asistencia a estas personas y sus familiares ante cualquier dificultad que se pudiera plantear.

De entrada, CSIF denuncia la insuficiente oferta de empleo público que además, llega con retraso, dado que se acumulan puestos correspondientes a 2017 y 2018. Además, exigimos al Gobierno que afronte de una vez las situaciones de discriminación a las que todavía se enfrentan estas personas una vez que acceden a su puesto de trabajo.

Las personas con discapacidad, una vez que acceden a su puesto de trabajo, tienen problemas para adaptarse a su puesto que, por otra parte, en muchas ocasiones está alejado de su residencia habitual.

Por eso, desde CSIF reclamamos que se desarrollen medidas como la adaptación del puesto, formación específica, movilidad (es preciso dar preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad), promover el teletrabajo y el empleo con apoyo y revisar de manera periódica la discapacidad para adaptar su labor al posible agravamiento de su situación.

“Tenems que atender la discapacidad a lo largo de toda la carrera profesional. No puede ser que las administraciones reserven un porcentaje en sus oposiciones para este tipo de personas y que después se olvide de ellas”, subraya José Manuel Couso, portavoz de CSIF.

REDUCCIÓN DE JORNADA, TELETRABAJO Y ADELANTO DE LA JUBILACIÓN

Asimismo, se deben adoptar nuevas medidas como implementar la reducción de jornada laboral sin merma retributiva para las personas que acrediten un grado importante de discapacidad, así como el adelanto de la edad de jubilación en el colectivo de funcionarios.

En concreto, pretendemos que la jubilación se adelante a los 52 años para situaciones de discapacidad igual o superior al 65%, y a los 56 para la discapacidad en grado igual o superior al 45% en las que concurra una reducción de la esperanza de vida, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.