La Agencia Estatal de Protección de Datos imputa al Ministerio de Justicia la comisión de una infracción grave
12 de Abril de 2018

Como ya informó CSIF, a finales de julio de 2017 se detectó una brecha de seguridad en LexNET que permitió el acceso a los buzones de profesionales exponiendo públicamente centenares de datos personales. En su momento, el Ministerio de Justicia salió al paso denunciando a una de las personas que avisó de la existencia de esa brecha y asegurando que ningún dato personal había quedado expuesto.

El pasado día 16 de marzo la AEPD publicó una resolución por la que se declaraba probada la comisión de dos infracciones graves por la Subdirección General de Nuevas Tecnologías dependiente de la Secretaría General al vulnerar el principio de seguridad de los datos (art. 9 de la LOPDAT) y el deber de secreto (art. 10 LOPDAT). Es cierto que, finalmente, por aplicación del artículo 29 sólo se imputa una infracción (la del artículo 9) ya que se considera que la vulneración del deber de secreto es consecuencia de la vulneración del principio de seguridad de los datos.
Sorprendentemente o quizá no tanto a la vista de cómo han sucedido los acontecimientos, en la nota de prensa emitida por el Ministerio de Justicia se oculta la existencia de esta imputación y sólo se hace eco de alguna de las manifestaciones de la Agencia en relación con el acceso a expedientes judiciales y se da carpetazo al asunto sin ni asumir ninguna responsabilidad.
CSIF reitera lo dicho sobre el “complejo” informático que se denomina “Justicia digital” y que da “servicio” a las CCAA del ámbito del Ministerio Galicia, Asturias (que ha estado recientemente más de 24 horas sin programa informático por un error en la migración de XP a Windows 7), Aragón (que ya está poniendo en marcha su propio sistema de gestión procesal a partir del que ya comparten Canarias, Cantabria y Navarra) y La Rioja.
Las herramientas informáticas del ámbito del Ministerio de Justicia que conforman Justicia Digital, están obsoletas y no sirven. Ninguno de esos programas garantiza la interoperabilidad y, lo que es más grave, no la pueden garantizar en el futuro.
1. El Ministerio de Justicia hurta información a las organizaciones sindicales y, por este motivo entre otros, CSIF abandonó hace más de un año el pseudo grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías. En este sentido, el Ministerio de Justicia carece de proyecto definido sobre el futuro informático de su ámbito y se empeña en mantener herramientas como LexNET, que son verdaderas antiguallas y que fallan más que una escopeta de feria.
2. El Ministerio de Justicia, además, no está facilitando información ni formación eficiente y eficaz que permita garantizar en el medio plazo un cierto nivel de cultura digital y de facilite la gestión del cambio.
3. El Ministerio de Justicia se niega a convocar la mesa de negociación para analizar los profundos cambios que la implantación de las TIC imponen en la organización de la Administración de Justicia, se niega a abordar los necesarios cambios funcionales que llevarían a dotar de funciones con valor añadido a todos los Cuerpos de Justicia en vez de mantener una rígida y rancia distribución funcional basada en el corporativismo más casposo y se niega a abordar el necesario reconocimiento laboral y retributivo que esos cambios imponen dejando a los funcionarios de su ámbito de competencia como los peor pagados de toda la Administración de Justicia.
Por todo lo anterior, y no sólo por el escándalo de este verano con LexNET, deberían asumirse responsabilidades al más alto nivel en la Secretaría General como primer paso para reconducir la situación y afrontar la transformación de la Administración de Justicia y la reestructuración del sector desde un punto de vista más participativo, inclusivo y transparente.