Funcionarios de Justicia en Cataluña valoran cambiar su destino ante una declaración de independencia
• CSIF traslada al Congreso la incertidumbre y propone un órgano único competencial que garantice la igualdad de la justicia en toda España
• La Generalitat renuncia a plazas de funcionarios de cuerpos nacionales para mantener el control sobre los interinos
09 de Octubre de 2017

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en el sector de la Justicia, trasladó hoy al Congreso de los Diputados la situación de incertidumbre que viven los funcionarios ante la situación que se vive en Cataluña por el proceso independentista.

En la Comisión de Justicia del Congreso, el presidente de este sector de CSIF, Francisco Lama, advirtió de la preocupación ante los últimos acontecimientos y una posible declaración de independencia. Según dijo, ante una virtual desconexión con el Estado Español, funcionarios reclaman que el Ministerio de Justicia abra un periodo extraordinario en sus concursos de traslado pendientes, dado que muchos se plantearían abandonar la comunidad autónoma.

Ante esta situación, CSIF reitera su posición en defensa del ordenamiento jurídico vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. “El sindicato lanza un mensaje de tranquilidad. Velaremos por garantizar su seguridad jurídica y tenemos garantías por parte del Gobierno de que recibirán protección todas aquellas empleadas y empleados públicos que reciban órdenes ilegales por parte de la Generalitat”, destacó Lama.

Por otra parte, Cataluña es comunidad que cuenta con uno de los índices más altos de temporalidad de toda España (por encima del 20%). Pues bien, la Generalitat renunció el año pasado a 509 plazas para dar estabilidad a funcionarios y CSIF tiene indicios de que este año tampoco optará a nuevas plazas. Es decir, la Generalitat prefiere tener empleados en precario bajo su gestión que funcionarios de cuerpos nacionales con plaza fija.

Desde CSIF venimos defendiendo desde hace años que una solución a los problemas de coordinación sería que toda la Administración de Justicia (tanto la propiamente dicha, como la administración de la administración de Justicia en palabras del Tribunal Constitucional) dependiera en su integridad de un mismo organismo administrativo- judicial con un presupuesto propio.

De esta manera se aseguraría su independencia y su funcionamiento homogéneo en todo el territorio nacional con la prestación de un servicio uniforme con garantías de igualdad en el acceso a la Justicia.