CSIF denuncia los recortes en investigación y alerta del escaso porcentaje de ejecución de los presupuestos de I+D
La reducción de la inversión pública y privada en investigación, el incremento de la diferencia porcentual con respecto a la Unión Europea y la competencia de los países emergentes generan un pernicioso cóctel que lastrará durante años nuestra competitividad
28 de Septiembre de 2017

“Un país sin investigación es un país sin desarrollo”. Esta frase del célebre investigador Severo Ochoa alcanza un especial significado cuando hablamos en España de financiación en investigación, desarrollo e innovación.

Diversos estudios reflejan que la misma ciudadanía preferiría invertir más en investigación que en otras áreas. Muchos programas políticos valoran y ponderan el papel de la I+D+i como motor y pieza básica para el desarrollo económico y social de país. Sin embargo la realidad nacional, reflejada en el último informe COTEC, desmiente un discurso hueco y vacío.

Los datos objetivos señalan que cada vez existe mayor déficit de financiación en I+D+i. Mientras el conjunto de la UE invierte hoy un 25% más en investigación, España dedica un 10% menos. Desde el inicio de la crisis la inversión del Estado Español en I+D+i se ha reducido hasta el 0,23% del PIB. En las comunidades Autónomas ocurre algo parecido, a excepción de la Comunidad de Valencia 0,44% y Cataluña con un 0,35% del PIB. Por el contrario, los esfuerzos mínimos los hicieron Castilla-La Mancha (0,18%) y Baleares (0,16%).

Según señala el último estudio de La Caixa sobre La Investigación en España: las actitudes de empresas, gobiernos y ciudadanos, la crisis económica es la principal causante del descenso en la inversión: la diferencia de inversión con la UE en el 2008 era del 0’44% del PIB mientras que en el 2015 ascendió al 0’73%.

El tema se agrava al analizar en España la inversión privada del PIB en I+D que se queda en un 0’57%, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza el 1’07%. La inversión privada en España necesitaría pasar de los 6.000 millones de euros actuales a los 11.500 millones de euros para situarse en la media europea. En definitiva, el descenso de la inversión no sólo afecta al Estado y a las comunidades autónomas, sino muy especialmente al mundo empresarial.

Esta situación se complica con los datos arrojados por la Cuenta General de la Administración del Estado de 2016, en la que la ejecución del Presupuesto revela que el Estado apenas aplicó uno de cada tres euros disponibles en I+D+i.

De los 5.113,21 millones de euros presupuestados para investigación tan sólo se han ejecutado 1.925,21 millones de euros, el resto se quedaron sin gastar y pasaron a alimentar las arcas del Estado. El 62% del presupuesto ni se ejecutó, podríamos decir que esto supone una barbaridad sin precedentes.

No todo son datos negativos y, según refleja el Informe CYD 2016, el gasto en I+D ejecutado por la enseñanza superior tuvo un incremento del 2’7% tras la disminución continua que arrastrábamos desde 2010. Otro mérito indudable al que no es ajeno la universidad española es que España se ha convertido en el cuarto país que más volumen de fondos capta del “Horizonte 2020”, principal instrumento de financiación de actividades de I+D+i en Europa.

Sin embargo y en definitiva, no parece que España con una inversión pública y privada del 2’40% (en la media de la OCDE) pueda desempeñar un papel protagonista en el contexto de la investigación en un escenario cercano de profundos cambios y ante la amenaza de países emergente como Brasil, India o China.

CSIF y gran parte de la comunidad científica lleva pidiendo a los diferentes gobiernos de este país un mayor y eficaz esfuerzo en la inversión en I+D+i, y lo cierto es que cada vez existe mayor déficit en investigación, tanto a nivel de recursos humanos, como de proyectos de investigación, sin contar el poco o ningún apoyo que se está dando a grupos de jóvenes investigadores, que se ven abocados a abandonar nuestro país, con la tan temida “fuga de cerebros”.

CSIF seguirá defendiendo la consecución de un Pacto por la Educación que recoja, entre otras medidas, acabar con los recortes y acordar un nuevo modelo de financiación universitaria así como apoyar la Investigación y la Ciencia realizando un mayor esfuerzo público y privado en I+D+i.