CSIF consigue que un juzgado de Madrid obligue a Carmena a rehacer las UCS porque se disolvieron sin negociación con los sindicatos
CSIF va a pedir la ejecución provisional de la sentencia, con lo que se volvería al momento anterior a la disolución de este cuerpo especial
19 de Septiembre de 2017

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha anulado, a instancias de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la resolución del 6 de abril de 2016 del Ayuntamiento de Madrid, en virtud de la cual se modificó la relación de puestos de trabajo de la Policía Municipal y que significó la desaparición de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), los conocidos como antidisturbios de este Cuerpo.

El juez declara la nulidad de dicha resolución porque el Consistorio modificó unilateralmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía sin seguir "el procedimiento sobre negociación colectiva, con cita del sindicato actor [CSIF] y a todas las organizaciones sindicales que procedan". CSIF, sindicato mayoritario de Policía Local a nivel nacional, va a pedir la ejecución provisional de la sentencia para volver al momento anterior a la disolución de esta unidad de antidisturbios, con independencia de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurran esta resolución.

Esta sentencia va un paso más allá de las dos dictadas por sendos juzgados de lo Contencioso-Administrativo (los números 12 y 18 de Madrid) el pasado mes de junio, que, también a instancias de CSIF, anularon las resoluciones por las que se desmantelaron las UCS. Sin embargo, esta última sentencia, anula la modificación de la RPT efectuada por el Ayuntamiento, lo que obligaría a rehabilitar las unidades desmanteladas y a devolver a los agentes a dichas unidades.

Mientras que las otras dos sentencias anulaban las órdenes a los agentes de incorporarse a unidades de distrito por ser nulas, pero no reconocían el derecho a volver a una unidad desaparecida, ahora, con la sentencia del juzgado número 9 de lo Contencioso-Administrativo, la desaparición de las UCS es un acto nulo, lo que deja la puerta abierta a pedir la reincorporación de los agentes.

CSIF impugnó judicialmente la citada resolución de 6 de abril de 2016 de la Gerencia de la Ciudad, que modificó la RPT y la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno, Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, lo que significaba la amortización de 78 puestos de policía, el cambio de adscripción otros 121 puestos y la modificación del complemento específico por cambio de turno y cambio de adscripción de 109 puestos vacantes.

Según la sentencia, publicada hace pocos días, "las materias de las que trata el acuerdo impugnado" se refieren a "aquellas que exigen la negociación colectiva". Para el magistrado, no cabe duda de que CSIF, como organización sindical, "ostentaba un derecho, el de intervenir en el proceso de elaboración de ese nuevo listado de puestos de trabajo sometido a la exigencia de negociación colectiva". La vulneración de esta exigencia lleva consigo, continúa el magistrado, a la "ineficacia" de la RPT acordada de manera unilateral por el consistorio.

Así, para fundamentar su decisión, la sentencia cita el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y varias sentencias del Tribunal Supremo, una de las cuales, de noviembre de 2011, señala que "resulta claro que la creación de unos nuevos puestos de trabajo, aun por provisionales que pudieren ser, con base en el amparo de dicha potestad autoorganizativa del Ayuntamiento (...), con la correspondiente asignación de cometidos y fijación de niveles retributivos, son decisiones sujetas a la exigencia de negociación colectiva".

Restricción de derechos y pérdida retributiva

Desde que se anunció la decisión de desmantelar las UCS, a principios de 2016, CSIF mostró su total oposición, ya que suprimía o restringía derechos reconocidos a los 135 trabajadores afectados, y significaba una pérdida retributiva que rondaba los 340 euros al mes por agente. Este sindicato sostuvo en todo momento que estos trabajadores no podían ser obligados a abandonar sus plazas sin la pertinente negociación con los sindicatos de la RPT, la cual fue modificada de manera encubierta.

Las Unidades Centrales de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid estaban especializadas en el mantenimiento general de la seguridad ciudadana, aseguramiento de espacios públicos, control de masas, graves catástrofes públicas y situación de alerta policial.