El futuro del Registro civil “en punto muerto” por la indecisión del Ministerio de Justicia en cumplir su palabra
Mientras los “beneficios” de las nacionalidades se expanden a los Abogados
26 de Julio de 2017

CSIF exige al Ministro de Justicia que cumpla su palabra y presente al Congreso la modificación de la Ley 20/2011 garantizando el mantenimiento del Registro civil en su estructura actual gestionado por funcionarios de Justicia con los Letrados como encargados, todos en servicio activo. Un compromiso público adquirido en la mesa de negociación ante todas las organizaciones sindicales.

Este modelo de Registro civil no es posible con la actual Ley 20/2011, que prevé un sistema de gestión de nueva creación caro, que aleja el Registro civil de los usuarios inscritos y que deja en el limbo jurídico el régimen jurídico laboral de los funcionarios que presten sus servicios en él. CSIF defiende un modelo de Registro civil, como órgano especializado y exclusivo en materia de identidad, estado civil y demás circunstancias de las de las personas, público y gratuito, dentro de la Administración de Justicia y servido por funcionarios judiciales. Este modelo es el que mejor se adapta a las necesidades de los ciudadanos, pues de esta forma se asegura la prestación del servicio por el personal experto y especializado en Registro civil.

El negocio de las nacionalidades sigue creciendo

En mitad de este impasse, el Ministerio firma un convenio de “colaboración” con el Consejo General de la Abogacía, por el que los Abogados podrán presentar digitalizadas las solicitudes de nacionalidad a cambio de cobrar los correspondientes honorarios por su trabajo. Este convenio es muy parecido al que ya han firmado Procuradores y Gestores administrativos y supone una verdadera privatización de un servicio que hasta hace poco era público y gratuito en los Registros civiles. Estos tres colectivos van a participar del negocio que generan unas 150.000 solicitudes anuales para el que el Ministerio no ha puesto límites, pues se declara incompetente para fijar los honorarios a cobrar por estas gestiones. Es decir, la tramitación de la nacionalidad (ahora en manos de la Dirección General de Registros y del Notariado en Madrid) no sólo se aleja del ciudadano que hasta hace poco podía dirigirse al Registro civil de su residencia; sino que ahora les va a salir caro al sumarse a la tasa cobrada por iniciar el expediente y el coste del examen de integración y lengua española, los honorarios del Abogado, el Gestor administrativo y del Procurador.

Y todo se ha montado sobre una enorme mentira y se ha desarrollado sin analizar alternativas y sin escuchar a los trabajadores. Es falso que el atasco en las nacionalidades estuviera en los Registros civiles el problema lo tenía el Director General de Registros y del Notariado y sus antecesores. Sobre esa mentira se intentó justificar la privatización del Registro civil. Luego se ha encomendado a los Registradores la resolución del atasco existente a cambio de 6 millones de euros. Y se continuó cobrando 100 euros por tramitar cada expediente de los cuales ni un solo céntimo ha revertido en el Registro civil.