CSIF teme las consecuencias penales de la Ley del Referéndum
Declaraciones de Joan Escanilla, presidente de CSIF Cataluña en “Espejo Público” (Antena 3)
05 de Julio de 2017

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Cataluña, Joan Escanilla, manifestó hoy la preocupación de nuestra organización ante los nuevos detalles conocidos sobre la Ley que pretende dar amparo al referéndum independentista en Cataluña, antes las consecuencias que se pueden derivar sobre el colectivo de empleados públicos.

En declaraciones en el programa “Espejo Público” (Antena 3), Escanilla advirtió de que el texto aún tiene que publicarse y tramitarse y por tanto aún no se puede valorar el detalle. No obstante, ante las amenazas de sanciones por parte de la Generalitat, el sindicato lamenta que se sitúe a los empleados públicos ante la imagen de un choque de trenes.

No obstante, CSIF considera que prevalece el ordenamiento vigente (la Constitución y el Estatuto de Cataluña) y los empleados públicos que se acojan al mismo gozarán de la protección de las leyes.

CSIF está recibiendo ya consultas por parte de empleados políticos de Ayuntamientos, que plantean sus dudas ante las consecuencias que puedan derivarse ante la elaboración del censo.

CSIF considera que “los empleados públicos están para servir a la sociedad y no para entrar en debates políticos”, advirtiendo de las consecuencias penales que puede conllevar ir contra lo establecido en la Constitución y el Estatuto de Cataluña vigente, además de la inhabilitación y la pérdida del puesto de trabajo.

En este sentido, el presidente de CSIF en Cataluña confía en que llegado el momento, los Mossos d`esquadra actuarán conforme a esta normativa, dado que la Ley de Policía de Cataluña establece en su articulado la defensa de la Constitución y del Estatuto.

Protocolo de actuación

El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.

Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.