Los funcionarios que incumplan una orden inconstitucional serán protegidos por el Estado y no sufrirán represalias de la Generalitat

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, mantuvo hoy un encuentro institucional con el Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo i Rocher, para analizar la situación del funcionariado en esta comunidad autónoma ante el proceso soberanista.

Esta reunión da continuidad al encuentro mantenido el pasado día 10 con la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, donde se abordó la preocupación sobre los efectos que puede tener este proceso sobre la situación de los funcionarios catalanes y se acordó velar por su seguridad jurídica en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones.

Tanto el delegado del Gobierno como el presidente de CSIF coinciden en lanzar un mensaje de tranquilidad porque el Estado velará por la seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones.

Según dijo el presidente de CSIF, los funcionarios públicos que, en cumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución, incumplan órdenes de sus superiores jerárquicos, no incurrirán en ninguna responsabilidad, cuando estas órdenes sean claramente contrarias al ordenamiento constitucional.

Protocolo ante órdenes inconstitucionales

En este sentido, el sindicato ha elaborado un protocolo que, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.

Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.