El TSJ reconoce la legitimidad de CSIF para impugnar el decreto de modelo lingüístico de la Conselleria de Educación
El tribunal desestima la causa de inadmisibilidad presentada por la Generalitat ante el recurso contencioso del sindicato
11 de Mayo de 2017

El sindicato CSIF explica que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado un auto en el que reconoce la legitimidad de la central sindical para recurrir el decreto 9/2017, de 27 de enero, que establece el modelo lingüístico educativo. El alto tribunal desestima, de esta manera, la causa de inadmisibilidad presentada por la Generalitat para evitar que prosperara el recurso.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) explica que interpuso recurso contencioso-administrativo, el 14 de febrero, contra el decreto del Consell 9/2017 por vulneración del derecho a la igualdad y por el trato “discriminatorio” para aquellos centros que apuesten por el nivel básico, cuyos alumnos no obtendrán certificación en inglés.

El sindicato continúa relatando que el 15 de marzo el TSJ admitió a trámite el recurso. Posteriormente, el 11 de abril la Generalitat presentó una causa de inadmisión, alegando “inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación del sindicato recurrente al no existir un vínculo concreto entre los fines del sindicato y el objeto del debate”.

CSI•F presentó sus alegaciones ante esta petición y ahora el TSJ ha acordado desestimar la solicitud de inadmisión. En su auto, la sala de lo contencioso-administrativo, sección cuarta, entiende que “el sindicato recurrente sí está legitimado, pues tiene interés legítimo”. El tribunal apela a los fines del sindicato, como “defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos, sin exigir particularización alguna en cuanto a afiliados”.

El TSJ apunta que el artículo 19.1 a) de la actual Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa “habla ya de derecho o interés legítimo, siendo reforzado por el apartado b) al hablar ya de los sindicato que estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos””. El tribunal desestima, con su auto, “la inadmisibilidad alegada por la Generalitat Valenciana y se manda la continuación de la tramitación del recurso”.