La Vicepresidenta del Gobierno y CSIF abordan la situación del funcionariado de Cataluña y coinciden en su defensa frente al proceso soberanista
Se incluye vídeo con entrevista en TVE24h a Miguel Borra: "El Gobierno confirmó a CSIF que protejerá a los funcionarios catalanes en el proceso soberanista"

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, mantuvo hoy un encuentro institucional con la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría para abordar la situación de nuestras administraciones públicas y las reivindicaciones laborales del colectivo que trabaja en este ámbito.

La vicepresidenta y CSIF también intercambiaron impresiones sobre la situación de los funcionarios catalanes en el contexto del proceso soberanista que llevan a cabo las autoridades de la Generalitat. La vicepresidenta comparte con CSIF la preocupación sobre los efectos que puede tener este proceso sobre la situación de los funcionarios catalanes. En este sentido, trasladó un mensaje de tranquilidad porque, según dijo, el Estado velará por la seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones.

CSIF y la vicepresidenta valoran la defensa del ordenamiento jurídico vigente y la necesidad de preservar la labor y profesionalidad de los empleados públicos catalanes al margen de este proceso, evitando que se vean perjudicados por decisiones de dudosa legalidad. Sobre este punto, lamentaron las declaraciones realizadas los pasados días sobre supuestas sanciones a los funcionarios que no colaboren con el proceso.

En este sentido, la vicepresidenta conoció de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato ante la posibilidad de que se den este tipo de situaciones. A mediados de mes, el sindicato mantendrá también un encuentro con el Delegado del Gobierno en Barcelona para analizar este asunto.

Protocolo de actuación

El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.

Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.

Recuperación de las condiciones laborales

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, y la vicepresidenta coincidieron en el esfuerzo realizado por los empleados públicos como consecuencia de la crisis económica y en la necesidad de avanzar en la recuperación tanto de su poder adquisitivo como de las condiciones laborales, en línea con las mejoras de las cifras económicas.

En este sentido, CSIF le trasladó la necesidad de mejorar las retribuciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado, con una cláusula de revisión salarial a finales de año y un acuerdo de legislatura para recuperar el poder adquisitivo previo a la bajada salarial realizada en 2010 por el entonces Gobierno del PSOE.

En materia de empleo, ambas partes también coincidieron en la importancia del acuerdo histórico firmado el pasado mes de marzo con el Ministerio de Hacienda y que permitirá la convocatoria de 250.000 puestos de trabajo en tres años. En este sentido, el sindicato señaló la necesidad de velar por que las convocatorias se produzcan con celeridad, transparencia y equidad en el conjunto del Estado para paliar la pérdida de empleo que se ha producido durante los últimos años.