Las Administraciones Públicas carecen de protección adecuada a las empleadas públicas que sufren violencia de Género
CSIF reclama en el Congreso de los Diputados un protocolo efectivo en las Administraciones Públicas, coincidiendo con el X Aniversario de la Ley de Igualdad
23 de Marzo de 2017

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, participó hoy en la Subcomisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados por un pacto por la Violencia de Género, donde puso de manifiesto la situación de desprotección que tienen las empleadas públicas dentro de la Administración y que son víctimas de este tipo de violencia.

En su comparecencia, la Secretaria de Igualdad de CSIF, Mª Ángeles Mur, ha puesto de manifiesto las carencias que actualmente tiene la Administración en este ámbito. Se da la paradoja de que la Administración es la principal empresa de este país en volumen de plantilla y debería ser un ámbito ejemplar de las políticas de los diferentes gobiernos en la lucha contra la violencia de género.

Sin embargo, la Administración no ofrece información sobre los casos de violencia en el ámbito de sus plantillas y, por casos que ha atendido CSIF, tememos que detrás de muchos procesos de movilidad entre administraciones pueden llevar aparejados situaciones de violencia de género.

Esto es así porque la Administración no está brindando la ayuda necesaria a este colectivo y la mujer que se siente acosada, ante esta situación de indefensión, solicita un cambio de territorio dentro de las administraciones, sin las debidas garantías ni la celeridad que requiere este tipo de situaciones.

CSIF, como principal representante de los trabajadores y trabajadoras de la Administración, pone de manifiesto que los casos de violencia de género dentro de la Administración no figuran en los registros, siguen siendo invisibles y por lo tanto carecen de protección.

Déficits detectados por CSIF:

• Déficit de formación y sensibilización de los departamentos de personal en materia de violencia de género
• La Administración no garantiza la confidencialidad de la víctima, dado que sus datos personales se dispersan en multitud de trámites y documentos físicos.
• Imposibilidad de solicitar el traslado por medios telemáticos
• Requerimiento de un exceso de documentación para certificar la situación de violencia de género
• El proceso de traslado no garantiza que la víctima de violencia de género mantenga el mismo nivel de retribución, es decir, pierde dinero, y por tanto se convierte en un factor que disuade a la hora de solicitar el cambio de puesto.
• Plazos excesivos, que ponen en peligro la integridad de la potencial violencia de género.

Propuestas de mejora:

• Reclamamos un plan integral de movilidad a las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
• Reclamamos un protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y tratamiento de situaciones de especial protección que afecten a las empleadas en el ámbito de la Administración General del Estado.
• Exigimos que se incorporen medidas de sensibilización, detección y protección.
• El trabajo es la clave para el ejercicio de la libertad de las mujeres, por eso es necesario la creación de redes e integración y normalización de su vida.