CSIF ofrece al secretario de Estado para las Administraciones Territoriales un protocolo para proteger a los funcionarios catalanes ante el proceso soberanista
Miguel Borra (CSIF) se reúne con Bermúdez de Castro para trasladarle la preocupación del colectivo de funcionarios catalanes
El protocolo recomienda a los funcionarios pedir las órdenes por escrito y un formulario para presentar denuncia, en casos de ilegalidad
02 de Marzo de 2017

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, se reunió hoy con el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, para abordar la preocupación del colectivo de empleados públicos catalanes ante el proceso soberanista.

Esta reunión da continuación a la mantenida el pasado lunes con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. De esta manera, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, trasladó la defensa del sindicato al ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido, el sindicato ha reactivado su protocolo de defensa jurídica, dirigido al funcionariado catalán, para protegerles en el caso de que deban responder ante una orden de dudosa legalidad por parte de sus superiores.

En la actualidad, cuando están en pleno debate político cuestiones fundamentales como la unidad y la vertebración de España, CSIF defiende el papel de los empleados públicos como un elemento cohesionador del Estado. Los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia.

Protocolo de actuación

El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.

Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.