CSIF envía a Montoro las prioridades de los empleados públicos y reclama la apertura de la mesa de negociación, sin más demora
Gobierno y grupos políticos deben aparcar la táctica política y aprobar una oferta de empleo público que evite el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha remitido formalmente al Ministerio de Hacienda la lista de prioridades para reactivar el diálogo social.

Por tanto, una vez enviadas estas prioridades, tal y como se comprometió el ministro de Hacienda en la reunión del pasado 14 de febrero, debe de convocarse de manera inmediata la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar sin más dilación cuestiones fundamentales como la oferta de empleo público de 2017 y las retribuciones de los empleados públicos, entre otros asuntos.

La oferta de empleo público no puede ser rehén de las negociaciones políticas entre Gobierno y los grupos parlamentarios. Tanto Ejecutivo como los grupos de la oposición, bien a través de la presentación de los presupuestos, bien a través de un acuerdo parlamentario, deben impulsar la oferta de empleo público para este año.

Desde 2011, las administraciones públicas han perdido 300.000 puestos de trabajo como consecuencia de la no renovación de las plantillas y más de 250.000 personas se encuentran en estos momentos a las puertas de la jubilación. Por tanto, para evitar aumentar el deterioro de los servicios públicos (especialmente en ámbitos como la educación, la sanidad, la gestión de prestaciones y los diferentes sectores de nuestras administraciones) hay que aparcar la táctica política y afrontar con sentido de Estado las necesidades de los servicios públicos.

CSIF también reclama la recuperación, al menos, de la estructura salarial previa a 2010 (cuando se produjo la rebaja salarial del 5%, con el Gobierno de Zapatero) y afrontar, desde ya, una solución al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.

Igualmente reclamamos modificar las trabas legales para que los sindicatos puedan pactar la jornada de las 35 horas semanales, así como recortes todavía vigentes como los descuentos en la nómina por baja médica.