Somos necesarios
14 de Febrero de 2011

Defendiendo lo público

Empleados Públicos y Estado de bienestar

Las campañas de desprestigio de los Empleados Públicos, el cuestionamiento de la eficacia y eficiencia de su trabajo, esconden el descrédito indiscriminado de los servicios públicos y en el fondo se está discutiendo el modelo de Estado, se está cuestionando el actual estado de bienestar que garantiza un acceso igualitario a la sanidad, a la educación, a las prestaciones sociales...


Desde las instancias políticas, que disfrutan en la actualidad de los mayores privilegios y retribuciones de nuestra historia, se ha intoxicado a la opinión pública, para ocultar sus fracasos y abusos como gestores de los intereses comunes.Es ingente la cantidad de simpatizantes y militantes de los partidos políticos que han sido “colocados y recolocados” en organismos financiados con dinero público y que ahora, dada la catastrófica gestión de los mismos, pretenden incorporar al sector público.
La sanidad, la educación, la justicia, la seguridad, etc., son derechos esenciales de todos los ciudadanos: han e ser los mismos y los mejores para todos. Dejar estos servicios en manos privadas los convertiría en un privilegio para quienes tienen recursos y un acto de beneficencia para quienes no los tienen.
En las campañas de acoso a los servicios públicos coinciden los intereses de los que quieren convertir en negocio lo que hoy son derechos y unos políticos que pretenden ocultar su nefasta gestión.
En la Unión Europea, los países con mejores servicios públicos y, consecuentemente, mayor número de empleados públicos no están sufriendo la crisis que afecta a nuestro país; tal vez esto tenga que ver con las políticas desarrolladas por sus respectivos gobiernos.
CSI.F, como organización profesional, ha defendido y defenderá a los empleados públicos que, al margen de los vaivenes políticos, son los garantes de la prestación de servicios públicos de calidad, que caracterizan a la sociedad del bienestar.
CSI.F denunciará todas las campañas y medidas que hacen recaer las culpas y los costes de la crisis sobre quienes no tienen ninguna responsabilidad de la misma, así como las políticas de derroche de las Administraciones que generan un gasto inasumible, con sus decenas de miles de asesores, con las miles de empresas públicas y semipúblicas cuyos déficits se financian con los presupuestos públicos.

Por otra parte, se ha producido una ruptura total y absoluta del Gobierno con los empleados públicos:

  • Se ha impuesto por decreto en 2010, sin negociación previa, una rebaja salarial injusta e innecesaria y en 2011 se vuelven a reducir los salarios de los empleados públicos en las pagas extraordinarias.
  • El Gobierno incumple, asimismo, los acuerdos de 25 de septiembre de 2009, tanto en el aspecto retributivo como en los no vinculados a las retribuciones, y el Estatuto Básico del Empleado Público que obliga a la Administración a negociar alternativas en el supuesto de incumplimiento de los acuerdos firmados.
  • El Gobierno rompe unilateralmente el diálogo social y la negociación colectiva que existía en las Administraciones Públicas.


CSI.F exige al Gobierno y a las Administraciones Públicas:

  • El restablecimiento inmediato de la legalidad vulnerada.
  • El regreso al diálogo social y a la negociación colectiva.
  • La defensa y dignificación de los empleados públicos.


Medidas de austeridad en las Administraciones Públicas: Antes de pedir sacrificios a los trabajadores y pensionistas, la clase política debe terminar con sus privilegios, prebendas, gastos suntuarios, que repercuten exclusivamente en su propio beneficio.