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a Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha trasladado a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, su hoja de ruta para mejorar las condiciones laborales de todos los empleados públicos. CSIF incide en dos ámbitos fundamentales: mejores retribuciones y mayor empleo de calidad.
De entrada, CSIF espera sentarse pronto a negociar un acuerdo de legislatura con el nuevo Gobierno que permita, por un lado, recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 y recuperar definitivamente la pérdida de poder adquisitivo que arrastran desde entonces todos/as los Empleados Públicos (12,9-17,9 por ciento).
En todo caso, hay que empezar a tener en cuenta estas premisas de cara a los presupuestos generales del Estado para este año.
AÑO |
IPC % |
INCREMENTO |
DIFERENCIA |
2010 |
3,00 |
-5,00 / -10 |
0,615384615 |
2011 |
2,38 |
0 |
-2,38 |
2012 |
2,87 |
0 |
-2,87 |
2013 |
0,25 |
0 |
-0,25 |
2014 |
1,00 |
0 |
-1 |
2015 |
0,00 |
0 |
0 |
2016 |
1,57 |
1 |
-0,57 |
2017 |
1,11 |
1 |
-0,11 |
2018 |
1,18 |
1,75 |
0,57 |
2019 |
0,80 |
2,5 |
1,7 |
-12,91 – 17,91 |
También en materia de retribuciones, teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento del PIB, CSIF reclama adecuar los incrementos variables que contempla el último acuerdo a las expectativas reales de nuestra economía, con el fin de ‘blindar’ las nóminas de los/as empleados públicas y mantener la senda de recuperación del poder adquisitivo.
En lo que se refiere al empleo, CSIF reclama empezar a diseñar cuanto antes la oferta de empleo público de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Además, es preciso impulsar un plan de choque sobre plantillas (en los próximos 10 años se van a jubilar 905.000 personas y dar salida al proceso de estabilización de plazas interinas que se encuentra paralizado en muchos ámbitos, por lo que difícilmente se alcanzará el objetivo de reducir la temporalidad al 8 por ciento incluidas en empresas públicas.