El Gobierno acepta abrir un diálogo sobre la cotización de las prácticas universitarias
- Durante los últimos días el sindicato ha pedido formalmente explicaciones y mesas de negociación al Ministerio de Educación y al de Ciencia, Innovación y Universidades
- CSIF valora el acuerdo del Gobierno con la CRUE para que, de momento, la cotización no sea obligatoria antes del curso académico 2019-2020
17 de Enero de 2019

El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas. En dicha norma se incluye una disposición adicional quinta, por la que se regula la inclusión en la Seguridad Social a aquellos alumnos que realizan prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades. Aclara, además, que se incluyan aquellas prácticas no remuneradas entre las que se encuentran los alumnos universitarios de titulaciones de Grado y Máster así como alumnos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior.

El cumplimiento de esta inclusión en la Seguridad Social se atribuye a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollan las prácticas, salvo convenio o acuerdo de cooperación, por lo que podrá corresponder a la Universidad o al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios.

Para CSIF, como sindicato representativo en las universidades públicas españolas, esta normativa puede acarrear perjuicios y problemas en nuestro ámbito de gestión educativa, pues en el caso de las prácticas de los Grados y Másteres si el pago de la Seguridad Social correspondiera a la Universidad, podría repercutir en el precio de las tasas y en la gestión de los centros docentes y empresas que acogen a estos alumnos universitarios. Y por el contrario, en el caso que correspondiera a la empresa receptora podría ser un hándicap a la hora de ofrecer dichas prácticas.

Igualmente, si las Universidades tuvieran que hacerse cargo de la Seguridad Social de todos los miles de alumnos que tienen que realizar prácticas de aprendizaje no remunerado, podría acarrear serios problemas económicos a los centros universitarios y conllevar una importante disminución de las prácticas ofertadas.

Desde CSIF consideramos las prácticas académicas del todo punto imprescindibles y en muchos casos obligatorias en la formación de nuestros estudiantes y valoramos que computen como período de cotización a la Seguridad Social. Sin embargo, la normativa publicada se ha realizado sin negociación alguna y puede tener repercusiones muy negativas para los estudiantes y las universidades.

Por otro lado, consideramos que esta norma supondría una carga burocrática considerable al conllevar una revisión de todos los convenios de colaboración junto con altas y bajas en Seguridad Social constantes. Esto implicaría una nueva sobrecarga de trabajo a los empleados públicos de las universidades, en especial, al personal de administración y servicios.

Como se indica en la propia disposición adicional quinta en su apartado 6, el Gobierno se da tres meses de plazo para desarrollar esta normativa, que entraría en vigor al día siguiente de la publicación de la misma. CSIF considera que debe ser negociada, pues afectará sin duda a los docentes y al personal de administración y servicios, y exige al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que exponga ante el Ministerio de Hacienda los inconvenientes que esta norma puede acarrear a nuestro sistema universitario.

CSIF ha solicitado que, de manera inmediata, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoque la Mesa de Negociación, con el objetivo de que esta regulación no afecte al normal funcionamiento de la educación de nuestros estudiantes universitarios, no ahogue financieramente a las universidades y que no incida ni en la disminución de las prácticas ni en los precios de las tasas universitarias de los títulos de Grado y Másteres.