CSIF consigue que la Defensora del Pueblo interponga recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 21 de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya
- El precepto lesiona el derecho fundamental a la autonomía universitaria
- Impide, mayoritariamente, la provisión de plazas a través de las figuras funcionariales de los cuerpos docentes universitarios
- El sindicato defiende el papel de los funcionarios públicos frente al proceso soberanista que promueve un sistema universitario paralelo.
05 de Julio de 2017

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha conseguido que la Defensora del Pueblo interponga recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2017.

La «Disposición adicional 21. Plan Serra Húnter señala que “De acuerdo con las competencias de la Generalidad en materia de universidades, establecidas por el artículo 172 del Estatuto de autonomía, y al efecto de garantizar las políticas propias relativas al personal docente e investigador de las universidades públicas de Cataluña, la reposición de efectivos para el año 2017 debe realizarse mayoritariamente en el marco de la contratación de personal académico de excelencia del Plan Serra Húnter, en el que participan todas las universidades públicas.”

Para CSI·F, el precepto de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya no cumple las condiciones exigibles para ser incluido en una norma de ese carácter al no tener relación directa con los gastos e ingresos que integran el Presupuesto ni con los criterios de política económica de los que este es el instrumento, ni ser complemento necesario para la mayor inteligencia o la mejor y más eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno.

Resulta evidente que el precepto tiene un carácter organizativo respecto del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de Catalunya, que en modo alguno guarda relación con el contenido propio de una norma presupuestaria.

Además, el hecho que la mencionada disposición adicional vigesimoprimera establezca que la reposición de efectivos para el año 2017 debe realizarse mayoritariamente en el marco de la contratación de personal académico de excelencia del Plan Serra Húnter, lesiona el derecho fundamental a la autonomía universitaria de las Universidades reconocido en el artículo 27.10 CE y la competencia que corresponde al Estado en materia de universidades conforme al artículo 149.1.1, 15ª, 18ª y 30ª CE.

CSI·F critica una norma que limita el derecho de las Universidades a determinar las condiciones de acceso a los cuerpos docentes universitarios e impide la libertad de cada universidad para seleccionar su personal docente e investigador y, por ello, para establecer el sistema general de designación de las comisiones que han de juzgar la provisión de plazas.

En definitiva, la obligación impuesta en los Presupuestos constriñe el diseño que las Universidades pueden hacer de su plantilla, así como el modo general de acceso y la conformación de las comisiones de designación, en la medida que todo ello queda, en Catalunya, determinado por la voluntad de la Administración expresada a través del Plan Serra Húnter y de los convenios que en su desarrollo la Generalitat impone a las Universidades.

CSI·F denuncia que si mayoritariamente las plazas permanentes deben reponerse por el Plan Serra Húnter y éste sólo tiene por objeto plazas de profesores contratados –como establece la Ley 3/2016-, entonces se impide la provisión de plazas a través de las figuras funcionariales del Estado de los cuerpos docentes universitarios (esencialmente Profesor Titular y Catedrático de Universidad), constriñendo así las opciones de las universidades catalanas frente a las del resto de la Nación, en la configuración de sus plantillas. Hoy en día sólo quedan 5.692 profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios del total de 19.562 docentes de las universidades públicas catalanas.

El sindicato recuerda que la Ley de Universidades establece que el personal docente e investigador contratado no podrá superar el 49% del total de docentes. Sin embargo y a modo de ejemplo, a 1 de enero de 2017 en la Universidad de Barcelona había 2.200 funcionarios frente a 4.000 laborales contratados por la Generalitat.

Por último, el sindicato señala que también se rompe la autonomía universitaria al imponerse a las Universidades Públicas de Catalunya el acogerse a un Plan que hasta la promulgación de la mencionada Disposición era voluntario, en la medida que se configura como un instrumento más al servicio de las universidades al margen del sistema general de provisión de plazas contractuales.

Ahora el Plan Serra Húnter pasa a ser una obligación por el que la Administración además se “filtra” en las Universidades al reservarse la potestad de determinar el perfil de la plaza y la conformación de las comisiones de selección (tiene la capacidad de seleccionar e imponer tres de los cinco miembros de las comisiones). De este modo, la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2017, el Plan Serra Hunter y el convenio de desarrollo configuran, conjuntamente, una pinza o corsé sobre la autonomía universitaria que resulta incompatible con ésta a la luz de la jurisprudencia constitucional.

CSIF Educación