Una sentencia anula un acuerdo de la Diputación de León y le requiere contratar bomberos funcionarios en los parques comarcales
El fallo estima un recurso de CSIF, que advierte que presentará denuncias en otras provincias de la Comunidad en las que se creen servicios de extinción de incendios comarcales similares incumpliendo la ley, que exige que los bomberos sean funcionarios con el reconocimiento de agentes de autoridad.
16 de Junio de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Diputación de León a que respete la ley y reconduzca la creación de los necesarios parques comarcales de extinción de incendios con bomberos profesionales y funcionarios, como así señala “la contundente y ejemplar sentencia del Juzgado del Contencioso-Administrativo número 1de León , que declara nulo un acuerdo de la Diputación de León, de 25 de octubre de 2017, sobre la aprobación de los parques de bomberos comarcales”. Se trata de un fallo “que supone un aviso para las diputaciones de otras provincias de la Comunidad, como Burgos, Soria o Ávila, que también se están empeñando en crear parques con personal laboral no funcionario -mal llamados en ocasiones bomberos voluntarios-, a pesar de las reiteradas advertencias de CSIF, de que no se puede hacer”.

El sindicato independiente avisa de que no dudará en acudir a los tribunales en otras provincias, para denunciar la creación de otros parques de bomberos similares que no respeten la ley, que exige la contratación de bomberos profesionales y funcionarios, ya que su trabajo implica un ejercicio de autoridad que solo se le reconoce al funcionario.

El fallo del juez dice, exactamente, que “estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios contra el Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de León de fecha de 25 de octubre de 2017, por medio del cual se procede a la aprobación definitiva de la Memoria comprensiva de los aspectossocial, jurídico, técnico y financiero del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de León; declarando la nulidad de dicho Acuerdo”. Con ese acuerdo, ahora anulado, la Diputación de León pretendía cubrir adecuadamente el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento por toda la provincia, ya que ahora solo existen dos parques de bomberos profesionales en León y Ponferrada, y la ley es clara al responsabilizar y encargar a las diputaciones dar ese servicio esencial, en los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tengan unos medios propios. Para ello, quería crear parques comarcales de bomberos en Villablino, Cistierna, Celada de la Vega, Bembibre, La Pola de Gordón y Valencia de Juan.

El problema “de esta iniciativa necesaria y aplaudible”, para atender con la debida rapidez las urgencias que puedan surgir en gran parte de una provincia extensa, como es León, explica CSIF, “es que lleva años enzarzada en un inexplicable empeño de crear un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (SEPEIS), mediante la gestión directa de las funciones de dirección, planificación, coordinación y control con bomberos funcionarios; mientras el resto del personal de bomberos se llevaría a cabo de forma indirecta, por medio de un contrato con una empresa para que preste este servicio, y así se contempló en el Acuerdo de la Diputación de 25 de octubre de 2017, que ahora ha sido declarado nulo”.

CSIF exigió y advirtió, desde el inicio, que los bomberos debían ser funcionarios, ya que las tareas que tienen que llevar a cabo conllevan necesariamente el ejercicio de funciones de agente de autoridad, “que solo se reconoce al profesional funcionario, al tener que intervenir sobre personas y bienes privados, en orden a garantizar su seguridad, realizando acciones que en muchas ocasiones implican el uso de la fuerza y entrada en domicilios; y adoptando decisiones vitales y de urgencia para evitar las posibles situaciones de riesgo que pudieran surgir, como se indica en la Ley 4/2007”.

Sin embargo, la Diputación leonesa trató de evitar esa “obligada” contratación de bomberos funcionarios, esgrimiendo como argumento la limitación de la tasa de reposición en el empleo público. De todos modos, CSIF cree que “lo que está ocurriendo, con estas iniciativas, que se repiten de manera parecida en varias provincias de la Comunidad, es que se está ninguneando un servicio público y esencial para el ciudadano, que exige una inversión”.

El empeño de la Diputación de León de ir en contra de la legalidad vigente lamenta CSIF, supone un nuevo parón en la creación de los parques comarcales de bomberos previstos en la provincia, mientras ahora la institución promete poner en manos de otra empresa privada la realización de un informe sobre las necesidades de la provincia. “Lo grave es que una gran parte de León sigue y seguirá, por mucho tiempo, sin contar con un servicio público de prevención y extinción de incendios a la altura de las necesidades de la amplia geografía leonesa”.

Esta sentencia es del pasado 20 de abril, aunque el sindicato independiente la ha conocido ahora, debido a la paralización de la actividad judicial que ha provocado el confinamiento y la pandemia del coronavirus. Se da la circunstancia de que este fallo se suma a otro similar del Juzgado número 3 de León, con idéntica resolución, que en esta ocasión responde a una demanda presentada por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León.