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CSIF denuncia al Gobierno de Ada Colau por la gestión frente a la crisis del Covid-19
El sindicato presenta denuncia ante el Juzgado de Instrucción y Fiscalía
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia ante Fiscalía y el Juzgado de Instrucción a Ada Colau y demás personas implicadas en la gestión de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) frente a la crisis del Covid-19, por presunto delito contra los derechos de los trabajadores y presunto delito de lesiones.
Desde que empezara la pandemia del coronavirus, la Guardia Urbana de Barcelona suma casi 800 afectados por Covid-19 de una plantilla de casi 3.000 trabajadores. Según CSIF, ello se debe a la nefasta gestión del Ayuntamiento: falta de previsión, improvisación y la negligencia en la inacción del Gobierno de Colau, poniendo en grave riesgo la vida de sus trabajadores y la de sus familias.
Así, el sindicato denuncia:
La Administración tuvo tiempo para dotar a sus trabajadores de Equipos de Protección Individual (EPI) pero no lo hizo aun tener “tiempo, medios y autonomía suficiente para haber gestionado la crisis en atención a la minimización del riesgo, ya que disponía de los órganos y las herramientas necesarias para ello”.
El Consistorio ha tomado decisiones temerarias e imprudentes, como hacer que las personas asintomáticas que han estado en contacto con otra persona que ha dado positivo en el Covid-19 o por diagnóstico clínico, después de estar aislados durante 15 días, si no han tenido síntomas (pero pueden ser asintomáticos y tener la enfermedad) les han hecho incorporarse sin realizarles la prueba PCR o con la prueba realizada pero sin resultado.
Se han dado muchas casos en que aquellos que se incorporaron con la prueba realizada a espera de resultados luego han dado positivo o personal que se incorporó sin prueba, y se la hicieron con posterioridad, y dieron positivo. Todos ellos estuvieron en contacto con el resto del colectivo e incluso con la propia ciudadanía poniendo en peligro a unos y otros, y lo más grave, a sus propias familias.
Para CSIF, los hechos que se describen son susceptibles de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores en las formas de delitos contra la salud y la seguridad de los trabajadores de los artículos 316, 317 y/o 318 del Código Penal.
CSIF, este lunes, hizo el ofrecimiento de acciones para adherirse a la denuncia al resto de centrales sindicales con presencia en la GUB. “Se les hizo a CCOO, UGT y al sindicato minoritario SAPOL. Hemos obtenido la ‘callada’ por respuesta de estos sindicatos, más preocupados por las subvenciones que cobran del Ayuntamiento de Barcelona (UGT-CCOO, 176.000€) o por lealtad a la Administración (SAPOL) que por defender los derechos y la salud de sus trabajadores, como sí está haciendo CSIF”.