CSIF denuncia al Gobierno de Ada Colau por la gestión frente a la crisis del Covid-19

El sindicato presenta denuncia ante el Juzgado de Instrucción y Fiscalía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia ante Fiscalía y el Juzgado de Instrucción a Ada Colau y demás personas implicadas en la gestión de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) frente a la crisis del Covid-19, por presunto delito contra los derechos de los trabajadores y presunto delito de lesiones.

Desde que empezara la pandemia del coronavirus, la Guardia Urbana de Barcelona suma casi 800 afectados por Covid-19 de una plantilla de casi 3.000 trabajadores. Según CSIF, ello se debe a la nefasta gestión del Ayuntamiento: falta de previsión, improvisación y la negligencia en la inacción del Gobierno de Colau, poniendo en grave riesgo la vida de sus trabajadores y la de sus familias.

Así, el sindicato denuncia:

• Que no se han convocado Comités de Seguridad y Salud Laboral, aún haberlo solicitado el sindicato hasta en siete ocasiones, y se suspendió de facto la actividad de este órgano paritario y colegiado de participación, en un momento tan trascendental como éste.

• La falta de material preventivo que ha sido latente desde el principio en el que “la orden de los superiores era la prohibición de la utilización de mascarillas y el argumento de la Jefatura era que dicha mascarilla creaba alarma social”.

La Administración tuvo tiempo para dotar a sus trabajadores de Equipos de Protección Individual (EPI) pero no lo hizo aun tener “tiempo, medios y autonomía suficiente para haber gestionado la crisis en atención a la minimización del riesgo, ya que disponía de los órganos y las herramientas necesarias para ello”.

• Que no se han racionalizado las plantillas, incumpliendo el mismísimo Decreto de Alcaldía, de 14 de marzo de 2020, que vela por preservar y garantizar la continuidad de la prestación de los servicios considerados esenciales, como lo es el de la GUB.

• La falta de reacción de la Administración y los criterios de aplicación de los test de diagnóstico. El Ayuntamiento no ha sido capaz o no ha tenido la intención de establecer planes generales de contingencia, de evaluación de riesgos o, simplemente, directrices de prevención. La falta de test en el cuerpo ha sido la tónica general.

El Consistorio ha tomado decisiones temerarias e imprudentes, como hacer que las personas asintomáticas que han estado en contacto con otra persona que ha dado positivo en el Covid-19 o por diagnóstico clínico, después de estar aislados durante 15 días, si no han tenido síntomas (pero pueden ser asintomáticos y tener la enfermedad) les han hecho incorporarse sin realizarles la prueba PCR o con la prueba realizada pero sin resultado.

Se han dado muchas casos en que aquellos que se incorporaron con la prueba realizada a espera de resultados luego han dado positivo o personal que se incorporó sin prueba, y se la hicieron con posterioridad, y dieron positivo. Todos ellos estuvieron en contacto con el resto del colectivo e incluso con la propia ciudadanía poniendo en peligro a unos y otros, y lo más grave, a sus propias familias.

Para CSIF, los hechos que se describen son susceptibles de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores en las formas de delitos contra la salud y la seguridad de los trabajadores de los artículos 316, 317 y/o 318 del Código Penal.

CSIF, este lunes, hizo el ofrecimiento de acciones para adherirse a la denuncia al resto de centrales sindicales con presencia en la GUB. “Se les hizo a CCOO, UGT y al sindicato minoritario SAPOL. Hemos obtenido la ‘callada’ por respuesta de estos sindicatos, más preocupados por las subvenciones que cobran del Ayuntamiento de Barcelona (UGT-CCOO, 176.000€) o por lealtad a la Administración (SAPOL) que por defender los derechos y la salud de sus trabajadores, como sí está haciendo CSIF”.