Nota de prensa | La ministra Ribera incumple su compromiso y demora la Ley Básica Estatal de Agentes Medioambientales y Forestales
El Gobierno se olvida de 6.000 empleados/as públicos: su labor y apoyo es clave en incendios y emergencias como las del volcán de La Palma
21 de Octubre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, critica que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, incumple su compromiso y está demorando sin ninguna justificación la Ley Básica Estatal de Agentes Medioambientales y Forestales, una reivindicación esencial para el futuro del colectivo.

Cuesta entender las razones del retraso cuando ya en 2018 este texto pasó el primer trámite en el Senado con la aprobación de la mayoría de la Cámara. Denunciamos que se están dilatando e incumpliendo los plazos y exigimos una Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales que les dote de unas garantías jurídicas mínimas en todo el territorio nacional.

Los 6.000 empleados/as públicos de los Cuerpos de Agentes Forestales de todo el Estado llevan siendo una policía administrativa especial y judicial genérica desde hace al menos 150 años. Actualmente sus competencias y funciones están recogidas en diversas leyes sectoriales, insuficientes para garantizar la seguridad jurídica y física de las plantillas decisivo en la protección efectiva de la biodiversidad.

El abandono y la falta de apoyo por parte del Ministerio contrasta con la labor desarrollada por el colectivo, estos días aún más relevante frente a emergencias como la crisis volcánica de La Palma, en donde están apoyando los desalojos, los controles de acceso a las pistas forestales y acompañan a los científicos en la recogida de muestras, entre otras muchas funciones.

En 2018, los grupos políticos ahora en el Gobierno ya sacaron adelante en el Senado la toma en consideración de esta Ley Básica de Agentes Forestales, con un amplio consenso y con tan sólo nueve votos en contra. La norma es una herramienta vital para regular la actividad del colectivo, pero también para la conservación de nuestros bosques y nuestra biodiversidad, cada vez más amenazada por el cambio climático.

Desde CSIF, subrayamos que esta ley garantiza seguridad física y jurídica adecuada y “protege a los que protegen” porque no podemos seguir lamentando más muertes en acto de servicio o asesinatos como los ocurridos entre el colectivo en los últimos años.

20.000 normas

La legislación autonómica, nacional, europea e internacional de carácter medioambiental es muy amplia. Tanto que la propia Fiscalía de Medio Ambiente ha recopilado unas 20.000 leyes, directivas y disposiciones ambientales.

Sin embargo, esta amplia legislación para regular la protección del medio ambiente de poco sirve si no se cumple, si no hay un colectivo que ejerza la vigilancia y custodia de la naturaleza, como el de los agentes medioambientales y forestales.

Por ello, insistimos en que es necesario afianzar las funciones este colectivo. Su bagaje, la dualidad técnico-policial y su carácter de agente de la autoridad como policía administrativa y judicial subrayan su papel fundamental en defensa de la naturaleza, la biodiversidad y del conjunto de la sociedad.

El próximo mes de noviembre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, convocará por segunda vez en una mesa sectorial a las CCAA para que se pronuncien sobre el borrador de Ley.

En la primera reunión, de manera precipitada con veinticuatro horas de antelación, convocó y remitió un borrador de ley que no dio tiempo ni a estudiar. Por esta razón, varias de las comunidades no se pronunciaron, algunas se opusieron y otras ni tan siquiera asistieron al foro. Dos días más tarde, se convocó a los representantes de los sindicatos de la unidad de acción para trasladarles el escaso eco y apoyo que había tenido en las CCAA.

Desde el sindicato, reconocemos que la tramitación requiere de procedimientos de información y participación, pero es indignante la manera en que se está llevando a cabo la elaboración del texto de la ley, competencia del Estado, y que tras haber sido aprobada en su día por el Senado podía haberse acelerado y llevado al Consejo de Ministros sin más incumplimientos ni retrasos.