CSIF alerta de que el anteproyecto de ley de “eficiencia organizativa” modifica condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia

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21 de abril de 2021

- El Gobierno aprobó el pasado martes, el denominado anteproyecto de eficiencia organizativa sin haber intentado la más mínima negociación de su contenido, repitiendo lo sucedido con el Registro civil y otras normas anteriores.

- En una primera lectura de los 78 folios del anteproyecto, se puede comprobar afecta tanto a los destinos, como a las funciones como al propio estatuto jurídico del personal de Justicia.

- La actitud despectiva del Ministerio hacia el personal de la Administración de Justicia es todavía más evidente y justifica las movilizaciones convocadas por CSIF y las que van a venir el futuro.

  • El Gobierno aprobó el pasado martes, el denominado anteproyecto de eficiencia organizativa sin haber intentado la más mínima negociación de su contenido, repitiendo lo sucedido con el Registro civil y otras normas anteriores.

 

  • En una primera lectura de los 78 folios del anteproyecto, se puede comprobar afecta tanto a los destinos, como a las funciones como al propio estatuto jurídico del personal de Justicia.

 

  • La actitud despectiva del Ministerio hacia el personal de la Administración de Justicia es todavía más evidente y justifica las movilizaciones convocadas por CSIF y las que van a venir el futuro.

 

El texto aprobado el martes, implanta los Tribunales de instancia en la Administración de Justicia, modifica las funciones atribuidas en la LOPJ al personal de Justicia, saca de la Administración de Justicia a las oficinas herederas de los Juzgados de paz, quiebra el principio de reserva de función establecido en favor de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia y deslocaliza la asignación de destinos en la Administración de Justicia.

 

Es decir, modifica condiciones de trabajo sustanciales del personal de Justicia a sus espaldas y sin contar con su opinión ni participación real y efectiva a través de la negociación colectiva.  

 

Luego, dirá el Ministro de Justicia que todo en su ministerio se hace con el consenso y acuerdo de todos los sectores implicados. NO ES CIERTO.

 

 

 

  • La ley de eficiencia procesal sólo va a suponer la privatización del servicio público de Justicia y un obstáculo más para el ejercicio del derecho de tutela judicial efectiva a través de un procedimiento de mediación o conciliación previa obligatoria que ya fracasó en 1984.

 

En este sentido, es inaceptable que se acuse a los ciudadanos de abusar del ejercicio de un derecho fundamental sin poner los medios adecuados para aumentar la capacidad de respuesta de la Justicia y para justificar su privatización.

 

 

  • Ahora, la ley de eficiencia organizativa amenaza con modificar condiciones de trabajo sustanciales sin permitir la participación de los funcionarios/as de Justicia que tienen mucho que decir sobre la falta de medios y la ausencia total de reconocimiento laboral y retributivo por parte del Ministerio de Justicia.

 

CSIF denuncia la vulneración de derechos fundamentales por parte del Ministerio de Justicia y no descarta ningún tipo de acción legal contra este atropello antidemocrático.

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