CSIF denuncia el oscurantismo sobre la reforma de la sede de Ortega y Gasset
CSIF se ha vuelto a dirigir a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a Gerencia para exigir que se informe sobre las obras que se van a realizar para acomodar la Fiscalía Europea en la sede de Ortega y Gasset.
30 de Marzo de 2021

El 24 de noviembre, esta organización sindical dirigió un escrito a las instituciones implicadas (Ministerio de Justicia y Fiscalía General del Estado) solicitando información sobre el proyecto de instalación de la Fiscalía Europea en la sede de Ortega y Gasset).

Como quiera que, desde esa fecha no se ha recibido contestación alguna y que, según hemos podido saber se van a iniciar las obras de acondicionamiento en breve, desde CSIF reiteramos nuestra solicitud para que se informe a la Junta de personal y al Comité de Seguridad y Salud de órganos centrales sobre este proyecto y las medidas que se han adoptado en relación con la prevención de riesgos laborales y protocolo COVID tanto en la ejecución de las obras como en la futura distribución de espacios en cada planta.

En este apartado, CSIF solicita que se contemplen todas las medidas de protección de la salud relativas al COVID incluyendo, además de distancia social y barreras físicas, la instalación de medidores de CO2 y filtros hepa y la provisión de mascarillas preferiblemente FFP2.

A este respecto, entre otras cuestiones, según hemos podido saber, se incorporará personal de Justicia a esta sede sin que se haya especificado si van a ser puestos de trabajo de nueva creación o traslados desde otras dependencias, y, además, la distribución proyectada va a limitar en exceso el área de trabajo por puesto y deja amplias zonas de trabajo sin iluminación natural y con una ventilación y climatización problemática.

El artículo 37.1 letra m) del TREBEP en relación con el apartado 2 letra a) del mismo artículo establece la obligatoriedad de negociar aquellas cuestiones que, aun afectando a la capacidad de organización de la Administración, tengan incidencia en las condiciones de trabajo de los empleados/as públicos/as. De entre las funciones de la Junta de personal establecidas en el artículo 40 del TREBEP están las siguientes:

“a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.

…..

e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes”.

En este sentido, antes de la llegada del nuevo personal debe realizarse la evaluación de riesgos correspondiente y ponerlo en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud de órganos centrales conforme a los artículos 33 y 39 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.

Es evidente que, sin la información solicitada, los representantes de los trabajadores de esa sede no podemos cumplir con las funciones que la ley nos atribuye y, en caso de no facilitarse dicha información ejerceremos las acciones que estimemos oportunas en defensa de los derechos y la seguridad de los funcionarios/as de Justicia destinados en esa sede de Ortega y Gasset.