CSIF-A considera “fuera de toda lógica” que el personal de integración social y el de interpretación de la lengua de signos sean “servicios complementarios”
ACTUALIDAD | AGJA
08 de Octubre de 2021
  • El sindicato reivindica su labor con el alumnado con necesidades especiales y afirma que el Decreto recién aprobado por la Junta los dejará “al margen del sistema educativo”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha expresado su “firme oposición y no rotundo” a la decisión de la Junta de Andalucía de establecer que el personal técnico de integración social (PTIS) y el de interpretación de la lengua de signos española (ILSE) que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales sean “servicios complementarios de la Educación". El sindicato considera que el Decreto recién aprobado por el Consejo de Gobierno, además de dejar a esos profesionales “al margen y desligados del sistema educativo”, está “fuera de toda lógica” y contraviene la Ley de Educación de Andalucía, que determina “de manera muy clara” que la atención a este tipo de alumnado “corresponde al profesorado y a otros profesionales con la debida cualificación”.

El Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A reivindica que los trabajadores de estas dos categorías “no tienen una mera función asistencial”, como marca el Decreto, sino que su prioridad es la integración del alumnado como paso imprescindible para alcanzar su autonomía funcional y el desarrollo de sus capacidades. Por eso considera que el PTIS y el ILSE no sólo son “partes integrantes e indispensables” del sistema educativo, sino que incluso deberían estar presentes en los centros donde acuden niños de entre 0 y 3 años para así garantizar la correcta asistencia a los menores que precisen una atención individualizada.

CSIF-A también reclama que la gestión de estos servicios deje de externalizarse, un hecho que califica de “incongruente” teniendo en cuenta que el propio Decreto pondera la importancia de la formación integral del alumnado. Para el sindicato es “indispensable” que los menores con necesidades educativas especiales sean supervisados igual que el resto del alumnado, es decir, por profesionales adscritos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería en centros propios de gestión directa.