CSIF exige a la Junta que rectifique y no cierre el centro de menores ‘El Alba’
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de León denuncia “la privatización de servicios sociales, por parte de la Junta de Castilla y León, que supone -de hecho- el cierre del Centro de Protección de Menores ‘El Alba’ de León, y pide que rectifique la decisión.
22 de Junio de 2021

El día 9 de junio de 2021, la Junta comunicó el cierre del centro y, hasta la fecha, a pesar de las presiones sociales, sindicales y políticas, no han sabido enmendar su decisión. Esta central sindical solicitó una reunión urgente con el gerente de Servicios Sociales y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y se nos convoca “casualmente” el martes 22 a las 17:30 horas con la directora General de Familia.

Ese día tiene lugar el pleno ordinario en las Cortes de Castilla y León y, “casualmente”, también, ese mismo día los trabajadores y el comité de empresa del centro ‘El Alba’ se concentran en Valladolid, en la plaza de las Cortes, “para seguir luchando contra una decisión incomprensible del Gobierno de la Junta de Castilla y León”.

“Mientras se desmantela este servicio público de protección a los menores en situación de desamparo, la Gerencia de Servicios Sociales continuará financiando a la congregación religiosa y cediendo otro edificio público a una entidad privada, en detrimento de los servicios públicos de calidad y para todos”, denuncia CSIF.

“Nos preguntamos hasta cuándo vamos a estar sin respuestas, pues la gerente territorial de Servicios Sociales de León no ha dado ni una explicación a la sociedad leonesa, al parecer por estar más preocupada por la decoración de otros centros, como la Residencia de Personas Mayores Armunia, señala.

CSIF insiste en que quedan muchas preguntas que debe responder la Junta, como ¿por qué en Salamanca el Centro Los Charros sigue funcionando, y recibiendo menores de 0 a 3 años, y en León se cierra ‘El Alba’?

También, ¿por qué acepta la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la decisión de la Congregación de anular el convenio suscrito, y le permite seguir con una unidad en el centro anexo a ‘El Alba’? ¿Es que la Gerencia de Servicios Sociales no puede asumir este servicio al 100% para que sea público? ¿Es la Congregación la que elige y exige? ¿Por qué se producen cuatro despidos?

Son algunas de las preguntas para las que CSIF exige una respuesta. En 2017, CSIF alertaba del temor a la privatización de este servicio, ya en manos de la congregación religiosa en ese momento, a través una gestión público-privada poco clara sobre la delimitación de las funciones y de las competencias de ambas partes. “Los pasos que está dando la Junta de Castilla y León nos van dando la razón”, lamenta el sindicato independiente.

“Se cierra un centro de menores sin justificación alguna, privando a la sociedad de los servicios públicos que se merece. Es un capricho de la administración y una estrategia previa a la privatización definitiva”, remarca.