El Procurador del Común pide a la Diputación que mejore las condiciones de trabajo de los secretarios-interventores, tras una queja de CSIF
El pasado mes de junio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó al Procurador del Común de Castilla y León una queja, por el incumplimiento de normas legales por parte de la Diputación Provincial leonesa, que afecta a las condiciones laborales de los secretarios-interventores de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Una reclamación que el alto representante regional ha hecho suya.
11 de Marzo de 2021

El Procurador del Común de Castilla y León ha presentado una queja, ante el presidente de la Diputación de León, para protestar por la situación laboral del personal de las administraciones locales en la provincia, concretamente de los secretarios-interventores. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se congratula de esa actuación, puesto que es una demanda suya presentada el pasado mes de junio, ante el alto representante.

CSIF ha querido poner de manifiesto la precariedad en la que se encuentran las personas pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención, integrada en la escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que prestan sus servicios en municipios con población inferior a 5.000 habitantes en la provincia. De los 211 municipios leoneses, 200 cuentan con menos de 5.000 habitantes.

En la labor diaria que desarrollan sus funciones estos profesionales, se han observado muchas dificultades. Entre ellas, las frecuentes modificaciones legislativas y la complejidad de la normativa que regula el funcionamiento de la Administración Local, que se complica además con la obligación de facilitar, continua y periódicamente desde diversas plataformas, multitud de datos a la Administración General del Estado, especialmente al Ministerio de Hacienda.

Otro de los grandes caballos de batalla es la licitación electrónica de obras, servicios y suministros a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuya dificultad en su manejo es manifiesta, y se une, generalmente, a la escasez de personal en la mayoría de los ayuntamientos. Esto hace que cualquier cuestión, novedad o reforma recaiga sobre una única persona: el secretario-interventor. Y todo, “ante la dejación de funciones” de la Diputación Provincial, que debe subvencionar a los ayuntamientos, e impulsar jornadas y cursos formativos cuando la materia se presume más o menos transcendente y se requiere una asistencia real y efectiva, como señala la legislación aplicable, en concreto el Real Decreto 128/2018 y la Ley de Bases del Régimen Local, explica CSIF.

El verdadero y real sentimiento en que se encuentra el colectivo de secretarios-interventores “es de desamparo y de desaliento, ante un sistema que no funciona y, lo peor, que no preocupa a la mayoría de los dirigentes de la Administración Local, que consideran toda esta situación como un asunto de los secretarios”, lamenta CSIF.

Otro de los graves problemas que padece este colectivo profesional es la alta tasa de interinidad, y que CSIF puso de manifiesto en el escrito dirigido al Procurador del Común. Este, a su vez, lo ha transmitido al Defensor del Pueblo, por ser este un asunto dependiente de la Administración General del Estado.

Ante esta situación, y contando con el análisis del funcionamiento de otras diputaciones provinciales de Castilla y León, y fundamentalmente con el informe previo del propio Servicio de Ayuda a Municipios de la Diputación (SAM), en su Resolución del 8 de marzo de 2021, el Procurador del Común ha pedido a la Diputación Provincial de León que dé cumplimiento a la legalidad vigente con varias actuaciones.

Una de ellas es la prestación de los servicios de licitación electrónica y contratación centralizada; en este último caso, mediante la creación de una central de contratación, y la aprobación del reglamento regulador de su funcionamiento.

También se pide la contratación de las actuaciones incluidas en Planes Provinciales de Cooperación, salvo que los ayuntamientos soliciten la delegación de la contratación de la obra, o la autorización para realizarla por administración.

El Procurador del Común solicita la aprobación de un modelo de convenio de encomienda de gestión para los municipios de menos de 1.000 habitantes (sin perjuicio de que pueda hacerse extensivo a los municipios de menos de 5.000, o de 10.000 habitantes), para la tramitación de expedientes de ruina y de órdenes de ejecución.

Igualmente, se le pide a la Diputación la aprobación de un protocolo de actuación para la prestación del servicio de tesorería, al que puedan adherirse, en principio, los municipios de menos de 1.000 habitantes, y que garantice su correcto funcionamiento.

Además, se solicita la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio de Asistencia a Municipios, mediante la incorporación de un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional (subescala de intervención-tesorería).