CSI•F denuncia el castigo, acoso y derribo que sufren los Agentes Medioambientales
30 de Octubre de 2013

NOTA DE PRENSA. AGENTES MEDIOAMBIENTALES. JUNTA DE CASTILLA Y LEON

CSI·F denuncia el castigo, acoso y derribo que sufren los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, al verse obligada a pagar lo que debe por sentencias judiciales, en venganza recorta guardias, denigra todo lo posible a los funcionarios en cuestión de imagen y Prevención de Riesgos Laborales y finalmente les retira el arma reglamentaria.

Este fin de semana han fallecido 4 personas por arma de caza, y probablemente de forma fortuita, lo que no parece fortuito son las gestiones que desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se vienen realizando hasta casi imposibilitar la prestación del servicio de sus Agentes Medioambientales.

Son sabidos los recortes en combustible que se vienen sufriendo en los últimos meses en algunos Servicios Territoriales, recorte que se puede hasta entender; los gastos corrientes hay que reducirlos en momentos puntuales de falta de liquidez en la Administración, llegando algunos meses sólo para una semana de servicio.

Remontándonos a junio de 2007, la Consejería de Medio Ambiente firma con CSI·F y otros sindicatos un acuerdo específico “para la mejora de las condiciones de trabajo de los Agentes Forestales y Medioambientales”; en el mismo, entre otras cuestiones;

  • Se garantiza una equiparación salarial con la media del resto de CCAA, que nunca cumplieron y por ello recientemente los tribunales han tenido que darle la razón a los “afectados” reconociendo unas cantidades adeudadas.
  • Se garantizan unas guardias de incendios que han sido cercenadas de forma desproporcionada y sin argumentación en los últimos dos años.
  • Se garantiza la regulación y la participación de sindicatos en la definición del uniforme, labor que se ha abandonado por completo, llegando a la dejadez actual en la que es imposible distinguir a un Agente Medioambiental de cualquier otro trabajador de Medioambiente, y entregando EPIs (Equipos de Protección Individual) destinados a personal de taller (botas), en lugar de botas de Montaña homologadas.

La gota que colma el vaso es la reciente retirada de las armas que usaban los Agentes Medioambientales en los servicios más peligrosos y reconocidos en su propio reglamento como ….policía de caza, vigilancia nocturna, y en servicios en los que por su conflictividad o dificultad se presuma riesgo, previa autorización del Jefe del Servicio Territorial, pueda portar armas en garantía de su legítima defensa,…”; y viendo lo que pasa en el ejercicio de la caza, ¿qué pueden hacer los Agentes?, quedarse en la Oficina Comarcal porque tampoco disponen de combustible….
En el acuerdo citado de junio de 2007 también se garantiza el equipamiento y dotación de las oficinas comarcales, que debería incluir, entre otras cuestiones, un armero para cumplir con la legislación, compromiso que la Consejería tampoco cumplió (¿dejación de funciones?) y que ahora parece que forma parte del argumento para retirar las armas.
Resumiendo: la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ve obligada a pagar lo que le debe a sus funcionarios por sentencias judiciales y en venganza recorta guardias, les denigra todo lo posible en cuestión de imagen y Prevención de Riesgos Laborales y finalmente les retira una herramienta de trabajo primordial como es el arma reglamentaria.
No hay que olvidar que los Agentes Medioambientales son funcionarios públicos que ostentan la condición de Agente de la Autoridad, Policía Administrativa Especial y Policía Judicial genérica, y el apartado 4 del artículo 492 de la LECr dispone que la autoridad o agente de la Policía Judicial tiene la obligación de detener a personas sobre las cuales existan motivos racionalmente bastantes de haber cometido un delito. Como Agentes de la Policía Judicial, tiene particular interés el uso de la fuerza para los Agentes en la práctica de la detención, por lo cual conviene señalar que éstos están legitimados en determinadas situaciones para utilizar la fuerza y, especialmente, para el uso de las armas de fuego; ahora bien, en CSI·F nos preguntamos, ¿pueden llevar a cabo sus cometidos con el acoso recibido por la propia administración de la que dependen?, es más ¿Por qué lo hace?
¿Se pretende el desmantelamiento del servicio que estos funcionarios vienen prestando desde hace más de 135 años?
Y por último, sin entrar a valorar la posible responsabilidad patrimonial de la administración autonómica que de esos hechos se pueda derivar, ¿saben la posible responsabilidad personal en la que podrían incurrir aquellos que están ordenando que se lleve a cabo esta medida injusta y peligrosa, ante cualquier episodio en el que se produzcan actos de violencia o agresión hacia estos funcionarios en el desarrollo de su labor tras la retirada de los medios de defensa? En CSI·F lo dudamos.