Amadeo García, representante de CSI·F, exige conocer el informe sobre reordenación de plantilla en la Diputación
12 de Febrero de 2013


Diario de León, 12/02/2013

La Diputación recurre también a McKenzie para reordenar su plantilla

Paga un informe de 20.000 euros para rentabilizar su personal y ahorrar gastos.

asun g. puente | redacción

Siguiendo la estela del Ayuntamiento de la capital, la Diputación ha decidido recurrir al mismo gabinete jurídico —con sede en Madrid— para reordenar su plantilla: Baker&McKenzie. La presidenta, Isabel Carrasco, ya tiene en su despacho el informe remitido por esta consultora con el análisis de la situación actual de su personal y una serie de recomendaciones para racionalizar su labor y conseguir una mayor productividad y ahorro.

Por este informe la institución provincial ha pagado 20.000 euros, según consta en un decreto firmado por la presidenta el pasado mes, que el diputado no adscrito Matías Llorente evidenció en el último Pleno. El diputado aprovechó el momento para pedir a Isabel Carrasco conocer este documento y el objetivo del mismo. El equipo de gobierno declinó ayer realizar a este periódico cualquier tipo de valoración sobre el informe, ni la misión que tiene.

Según consta en el presupuesto de 2013, las previsiones estiman que la plantilla quede reducida a lo largo del ejercicio a los 1.184 empleados, tras suprimir medio centenar de puestos por amortización de plazas vacantes. Un aspecto al que debe sumarse un menor número de contrataciones para servicios puntuales y estacionales.

La Diputación destinará este año un total de 43,6 millones al capítulo de personal, un 4,8% menos que en 2012. Un ahorro de 2,1 millones de euros por la contención de las contrataciones y la amortización de plazas ya comentada. Una reordenación de los recursos humanos para la que equipo de gobierno ha pedido asesoramiento jurídico externo y que tiene como objetivo adecuar la plantilla a cada puesto, además se prevén concursos de traslados para ocupar plazas de interinos.

Sindicatos

Los trabajadores conocen la existencia de estos informes de Baker&Mckenzie y, según comentó ayer el presidente de la Junta de Personal, Amadeo García, lo han solicitado «reiteradamente» al equipo de gobierno, aunque por el momento no han podido conocerlo.

El Ayuntamiento de la capital ya ha pagado a este despacho de abogados internacional cerca de 151.000 euros por tres contratos, en los que la consultora ha prestado asesoramiento jurídico en la operación de despido colectivo y reordenación de su plantilla, también en aspectos de la negociación con los sindicatos, la presentación del ERE, rescisiones de contratos, juicios y estudios previos relacionados con la RPT.

«Son 20.000 euros, la oposición en la Diputación también tenemos derecho a conocer este documento y la repercusión que tendrá en la plantilla», aseguró ayer Llorente.

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