CSIF lamenta la subida del paro en La Rioja que señala la nulidad del Diálogo Social en nuestra región

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27 de enero de 2022

• CSIF denuncia que la temporalidad en las administraciones se sitúa ya en el 30,9 por ciento, 11,6 puntos por encima del sector privado

LOGROÑO, jueves 27 de enero de 2022

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta el incremento del paro en 200 personas durante el pasado año 2021 en La Rioja. Un dato que contrasta con la bajada del desempleo en el conjunto del país y que evidencia el fracaso de las políticas de empleo en nuestra región , así como la nulidad del Diálogo Social y los fondos destinados al mismo en nuestra comunidad autónoma.

 

Por otra parte, CSIF advierte de que las administraciones públicas crearon 96.400 empleos a lo largo de 2021, si bien el 67 por ciento de los mismos son de carácter temporal, según ponen de manifiesto los últimos datos de la Encuesta de Población Activa.

 

En La Rioja, el empleo público sigue estancado. Las 281 plazas aprobadas en la OPE de 2021 son absolutamente insuficientes para conseguir unos servicios públicos de calidad. Esta fue la razón que motivo nuestro rechazo a la misma (el único sindicato que se mostró en contra). Es más que patente que la escasez de profesionales sanitarios, docentes  y empleados públicos en general de nuestra comunidad es una de las causas del retroceso económico de esta región que no ha conseguido alcanzar las previsiones para este año.

 

El análisis de CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, muestra que en el último año se realizaron 64.700 contratos temporales fundamentalmente en las comunidades autónomas de las que dependen ámbitos como la educación o la sanidad.

 

De esta manera, en la actualidad hay 1.076.299 trabajadores/as de nuestras administraciones en situación de temporalidad, lo que supone una tasa del 30,9 por ciento, 11,6 puntos por encima del sector privado. Además, se da la circunstancia de que el 70 por ciento de estos contratos temporales corresponden a mujeres, lo que pone también en evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al Covid.

 

Las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario y continúen abusando de la contratación temporal. No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica.

 

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