Pepe gotera y Otilio, Chapuzas a domicilio-Nuevo año judicial, misma política laboral
05 de Septiembre de 2013

CSI-F INFORMA
Pepe gotera y Otilio, Chapuzas a domicilio

Según las noticias de prensa de estos días, El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, espera dar en las Cortes el impulso definitivo a lo que denominan “reforma judicial” que no es sino una gran chapuza y que supone la privatización pura y dura de la Administración de Justicia.

Mientras tanto la Administración de Justicia se ahoga por la falta de medios personales y materiales y por un galimatías informático tan ineficaz como absurdo.
clip_image004Entre ellas destacan: la reforma del Código Penal que prevé la prisión permanente y la custodia de seguridad, el anteproyecto del nuevo Código Procesal Penal el cual propone que los fiscales tengan la iniciativa en la instrucción de los casos, mientras el juez pasa a ejercer la función de garantía de los derechos fundamentales y la modificación de la Ley de Demarcación y Planta, con la creación de los Tribunales de Instancia además del nuevo Código Procesal Civil, que prevé un mayor protagonismo para los Procuradores “regalándoles” la práctica de actos de comunicación y la ejecución y la condición de agentes de la autoridad. Tampoco hay que perder de vista la privatización de los Registros civiles a manos de los Registradores, un proyecto aparcado pero no olvidado.

A pesar de la oposición generalizada de muchas de estas medidas, Gallardón y Rajoy no cejan en su intento. El Rajoy y Gallardón ceden a la presión de lobbys profesionales con la excusa de la crisis. El Gobierno hace dejación de funciones debilitando el servicio público. La ridícula oferta de empleo público de este año o el fenomenal lio informático que asola la Administración de Justicia es síntoma claro de esta política.

Gallardón y Rajoy crean, con esta reforma, una Justicia a dos velocidades que dividirá a los ciudadanos con recursos de aquéllos que no los tienen, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y asegurando ámbitos de impunidad para el poder político (como sucede con los cambios en la imposición de costas en el orden contencioso o la ley de tasas). Es cierto que la Justicia ha de ser más rápida pero esa rapidez no puede obtenerse a costa de impedir el acceso a la Justicia como se está haciendo.

En lo que atañe directamente a los funcionarios de justicia, este proyecto impone (porque queda claro que este Gobierno tiene alergia a negociar o se encuentra más cómodo imponiendo) más movilidad funcional y movilidad geográfica forzosa, menos concursos de traslados, menos promoción profesional, amortización de plazas, despidos, supresión de servicios y complementos retributivos, desaparición de los juzgados de paz, reducción o eliminación de los juzgados de fuera de las capitales de provincia y privatización de servicios prestados hasta ahora por nosotros con amortización de plazas y eliminación de personal.

Ante esta avalancha de recortes que se avecinan CSI-F ha plantado y sigue plantando cara tanto en los despachos presentando alegaciones a todos los proyectos, como en la calle a través de convocatorias de concentraciones y manifestaciones junto con el resto de organizaciones sindicales; o como en los tribunales con acciones legales de todo tipo paros. Vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos, vamos a seguir convocando movilizaciones y vamos a intensificar la campaña de información sobre las consecuencias de esta chapuza. Es necesario que tomemos conciencia de la dimensión de esta privatización tanto para nuestras condiciones de trabajo como para el servicio público que prestamos. NO PODEMOS RESIGNARNOS. CSIF NO SE RINDE, ¿Y TÚ?.
ºSEGUIREMOS INFORMANDO »
Nuevo año judicial, misma política laboral
clip_image002Nuestros “queridos políticos” se vuelven a plantear congelar el sueldo a los empleados públicos.

Esta medida sería un nuevo varapalo para los funcionarios de justicia, después del recorte del 5% en nuestras retribuciones decretado por el gobierno de Zapatero, de la supresión de la paga extra de navidad acordada por Rajoy y de las sucesivas perdidas de poder adquisitivo que nos han provocado desde hace años todos los gobiernos. Si a esto unimos las eliminaciones de “moscosos”, vacaciones, prestaciones por incapacidad laboral y demás derechos laborales ultrajados por los que nos gobiernan, el panorama no es nada alentador.

Las noticias que están saliendo estos días en los medios de comunicación sobre la posible congelación para 2014 de las retribuciones de los empleados públicos pretenden únicamente inculcarnos la idea de que “ ya no hablan de quitarnos otra extra ni días, ni vacaciones” y que todos lo aceptemos como un mal menor.

CSI-Fno está dispuesta a hacerles el juego. Para nosotros cualquier reivindicación debe pasar inexorablemente por la restitución de todo lo que se nos ha quitado en derechos laborales en los últimos años.

CSI-Festará en esa tarea. Defenderemos en todos los ámbitos de negociación la reposición de todo lo eliminado y una mejora sustancial en las paupérrimas condiciones laborales de los funcionarios de justicia.

Este es un extracto del artículo publicado el uno de septiembre en “El País”

“El dilema de actualizar el sueldo de los funcionarios

Una de las decisiones más relevantes que tendrá que tomar el Ejecutivo en los Presupuestos de 2014 es si congela el sueldo de los funcionarios por cuarto año consecutivo. Desde que el Gobierno de Zapatero les rebajara el sueldo un 5% en 2010, los empleados de la Administración Pública acumulan recortes en sus salarios que les han hecho perder cerca de un 25% de poder adquisitivo si se incluye la supresión de la paga extra de 2012. Los empleados públicos llevan sin ninguna actualización salarial por el IPC desde 2010.

Entre los sindicatos de funcionarios temen que el Gobierno vuelva a congelarles la nómina el próximo año. La organización mayoritaria de empleados de la Administración central, CSIF, ya ha expresado sus temores sobre una nueva congelación y pide al Gobierno que no cargue los recortes en este sector. Fuentes gubernamentales aseguran que no hay nada decidido e incluso ven margen para aplicar la subida del IPC, que estará cerca del 1,4% este año.

Lo que sí está claro es que se prorrogará la congelación de oferta pública. No habrá sustitución de los funcionarios que se jubilen excepto para algunos cuerpos del Estado como los de Seguridad, e Inspectores de Hacienda y la Seguridad Social, que se limita la tasa de reposición al 10%. Esta medida también afectará a todas las administraciones públicas, donde se han jubilado más de 30.000 funcionarios al año desde 2011.

En el último año se han perdido 220.000 puestos de trabajo en el sector público —375.000 en tres años—. Cifra que seguirá creciendo puesto que el proyecto de reforma de la administración incluye facilidades para despedir y ajustar plantillas. Los empleados públicos ya han visto como ya les ha eliminado los días de libre disposición, suprimido los moscosos y los canosos (por la antigüedad). También les han recortado las condiciones económicas de la incapacidad temporal.”

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