CSIF exige al Gobierno la fulminante rescisión del contrato a la empresa de los pisos tutelados de Logroño
• La empresa Fundación Salud y Comunidad tiene retenido el material de protección “hasta que no haya un positivo”, equipos que envió ayer el Gobierno de La Rioja, a quién este sindicato reitera su gratitud
• CSIF estudia todas las responsabilidades, tanto penales como laborales, en las que pueda haber incurrido esta infame e irresponsable empresa barcelonesa para interponer las correspondientes demandas legales
21 de Marzo de 2020

LOGROÑO, 21 de marzo de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige al Gobierno riojano que rescinda de manera fulminante el contrato que tiene con la empresa barcelonesa Fundación Salud y Comunidad (FSYC), adjudicataria de los dos pisos tutelados de Logroño, por retener el material de protección frente al coronavirus que ayer envío el propio Gobierno regional a instancias de este sindicato.

Recordamos que esta semana CSIF denunció que los trabajadores de los dos pisos tutelados por el Gobierno de La Rioja no contaban con ningún elemento de protección frente a un posible contagio por coronavirus. Este servicio se adjudicó a una UTE formada por una empresa del Grupo Lagunduz y la mencionada Fundación Salud y Comunidad de Barcelona. Pero la primera se salió de la UTE, por lo que ahora los trabajadores dependen directamente de FSYC.

Al conocer la tremenda situación de desprotección de estos trabajadores y de los propios usuarios de estos pisos tutelados, personas con diferentes grados de discapacidad intelectual y/o psíquica, CSIF se puso en contacto con la Administración regional, ya que le fue imposible contactar con ningún responsable de la empresa.

El director general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja, Santiago Urizarra Varona, se puso rápidamente en contacto con este sindicato y con la misma celeridad ayer viernes envió el material de protección necesario para la integridad de las personas de los pisos tutelados.

Pero este material no ha llegado a sus legítimos destinatarios, ya que FSYC tiene retenido, mientras que trabajadores y usuarios siguen desprotegidos; una situación deleznable por la que CSIF califica a esta empresa y a sus responsables de miserables.

CSIF ha conseguido ponerse en contacto con un técnico de prevención de riesgos de la empresa que se ha justificado diciendo que “los equipos no son necesarios hasta que no se dé un caso positivo”.

El presidente de CSIF La Rioja, Jesús Vicente Hernández, ha puesto en conocimiento de este “técnico” la situación extrema que se está viviendo en nuestra comunidad y que los asintomáticos pueden ser portadores de la enfermedad, algo que dicho técnico ha negado, ante la perplejidad del señor Hernández, quién le ha reiterado que, en cualquier caso, los trabajadores pueden ser vectores de contagio, y que los EPI son eso equipos de “PREVENCIÓN”, cuando ya se da la contaminación, no tiene remedio, se debe acudir a los servicios sanitarios que es lo que tratamos de evitar. Pero este señor no lo debe tener claro, por lo visto y por la circular que ha enviado la empresa a los trabajadores de los centros: “un auténtico manual de despropósitos y de cómo no se debe manejar la grave y particular situación que sufrimos en La Rioja frente a esta pandemia”.

Este sindicato alerta del enorme peligro de contagio por COVID-19 al que se enfrentan los trabajadores y los usuarios de este servicio, personas todas ellas muy vulnerables al contagio, dado que no pueden adoptar las medidas preventivas recomendadas: separación de 2 metros, evitar contactos, baños individuales, etc.

CSIF reitera su agradecimiento al Gobierno de La Rioja y especialmente al señor Urizarra por su rápida respuesta y gestión, pero tiene que volver a pedir su ayuda para que vuelvan a enviar material de protección para este colectivo, y que se rescinda inmediatamente el contrato con esta ignominiosa empresa, sin descartar la exigencias de responsabilidades a través de las acciones legales oportunas.

En este mismo sentido, CSIF analiza el infame e irresponsable comportamiento de la Fundación Salud y Comunidad para que los servicios jurídicos de este sindicato determinen el grado de responsabilidad tanto laboral, civil como penal en el que pueda haber incurrido esta empresa, sus directivos y sus técnicos de PRL para pedir responsabilidades a través de los tribunales.