HOY ENTRA EN VIGOR LA LEY DE TASAS JUDICIALES PERO NO EMPEZARAN A PAGARSE AÚN POR FALTA DE IMPRESOS
22 de Noviembre de 2012

A partir de hoy entra en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, donde se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

La norma introduce cambios sustanciales en el acceso a la tutela judicial efectiva por lo que al orden social de la jurisdicción se refiere, pero no solo. Parafraseando una afirmación contenida en el Preámbulo de la Ley, la regulación de la tasa judicial no es solo una cuestión tributaria y procesal, es una cuestión que, buscando garantizar la viabilidad de un modelo por la senda de la racionalización y de la aportación de recursos, puede afectar a un derecho fundamental: el derecho a la tutela judicial efectiva.

A los afectados por la nueva regulación corresponderá valorar si se ve afectado o no su derecho a recurrir como componente del derecho fundamental proclamado por el artículo 24 de la Constitución. Aquí ahora procede, por un lado, exponer resumidamente los cambios más destacados en la regulación de las tasas y, por otro, dar noticia de la modificación del Real Decreto-ley 20/2012, en relación a diferentes aspectos relacionados con la “minoración” de la paga extra de los funcionarios.

La norma se estructura en dos Títulos, interesando a las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, el primero (arts. 1 a 11), y a la tasa por alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos, el segundo (arts. 12 a 19). La parte sustantiva de la Ley se acompaña de dos disposiciones transitorias, una derogatoria y siete finales.

Efectuando una remisión al resumen del Título II de la Ley hecho en la página fiscal-impuestos.com y a la lectura de la justificación de aquella regulación en el apartado IV del Preámbulo de la norma, destacaremos en este momento algunas de las principales cuestiones reguladas en el Título I, Título donde se determina:

  • Laaplicación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social, con lo que se amplía su ámbito de aplicación (art. 1).
  • La obligación de abono de la tasa en fase de recurso, esto es, cuando una persona física o jurídica interponga recursos de suplicación y casación en el orden social [art. 2 f)].
  • La exención:
    • Del 100 por 100 de la tasa para las personas a las que se haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita [art. 4.2 a)].
    • Del 60 por 100 de la tasa a los trabajadores por cuenta ajena o autónomos (art. 4.3).
  • La producción del devengo de la tasa en elmomento de la interposición del recurso de suplicación o de casación (art. 5.3).
  • La forma de cálculo de la tasa a pagar que resultará de aplicar a la cuantía del recurso (18.000 euros cuando ésta sea imposible de determinar):
    • Un tipo variable(0,5 % ó 0,25%) en atención a la cuantía del proceso judicial, y
    • Una cantidad fija (500 euros en suplicación y 750 en casación), en función del medio de impugnación (arts. 6 a 7).


Habrá de advertirse que conforme al artículo 241.7 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en la nueva redacción dada por la disp. final 3ª de la Ley), esta tasa se incluye dentro de las costas del proceso, de forma que, el vencimiento en un proceso y la condena en costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada (vid. en relación con esta cuestión el art. 235.1 de la LRJS).
·
· El papel del Secretario judicial en relación al cumplimiento de la obligación de pago, de suerte que no dará curso al trámite procesal correspondiente hasta tanto tenga constancia de que se ha producido la autoliquidación de la tasa (art. 8.2).
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· La devolución del 60 por 100 de su importe cuando se alcance durante la tramitación del recurso un convenio transaccional (terminación extrajudicial). Esta devolución de la tasa se efectuará después de que el Secretario judicial competente certifique que se ha terminado el proceso por dicha vía extrajudicial (art. 8.5).
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· El establecimiento de una bonificación del 10 por 100 sobre la tasa por utilización de medios telemáticos en la interposición del recurso y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas (art. 10).

http://www.laboral-social.com/orden-social-tasas-recursos-suplicacion-casacion-paga-extra-funcionarios-cotizacion.html
Sin embargo, según informa la web de El Mundo hoy, el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, ha explicado que las tasas judiciales que este jueves entran en vigor tras la publicación en el BOE de la nueva ley que las regulará no comenzarán a pagarse hasta que no estén listos los formularios, cuya elaboración depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Juan Bravo ha explicado que la liquidación de las nuevas tasas se practicará una vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique"en las próximas semanas" una orden que regule el procedimiento y los impresos de autoliquidación.
"La ley de tasas judiciales entra en vigor al día siguiente de su publicación, sin perjuicio de lo cual la liquidación práctica de las tasas no se podrá practicar hasta que se publique, tal y como prevé la propia ley en su artículo 9, una orden por parte del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que regule el procedimiento y los impresos de autoliquidación", ha afirmado el subsecretario en la sede del departamento ministerial.
Por estos motivos, el Ministerio de Justicia practicará una comunicación a todos los secretarios judiciales para que no se practique todavía ninguna liquidación, porque, según ha dicho Bravo, "es lo que la ley prevé desde el primer momento".
La nueva ley de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros, ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará este jueves en vigor. Los ciudadanos deberán pagar por primera vez la tasa en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.
La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado y será recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional ante la posible vulneración del derecho a la igualdad de todos los españoles y el acceso a la tutela judicial efectiva.
"El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", señala el preámbulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.

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