CIVEA. Sentencia ganada.
Obligación de la Administración de aplicar el Acuerdo de CIVEA de 21 de diciembre de 2000.
07 de Marzo de 2018

Conforme a lo previsto en aplicación del Acuerdo de la CIVEA de 21 diciembre 2000, según el cual, aprobadas las relaciones de puestos de trabajo (RPT), los centros gestores deberán elaborar un informe anual de ocupación de los puestos, en el que se deberá contener «la relación individualizada de la totalidad de puestos de trabajo de su respectivo ámbito con expresión del código de puesto de trabajo de la RPT, apellidos y nombre del titular del puesto, en su caso, y el domicilio del centro de trabajo al que esté adscrito el puesto». Dicho Acuerdo mantiene su vigencia por incorporación expresa al III Convenio colectivo único del personal laboral al servicio de la Administración del Estado (Disp. Ad. 6ª). La Administración se opuso tanto en la instancia como en casación, por entender que se vulnera lo dispuesto en la LOPD al facilitar dichos datos.

A continuación reproducimos un pequeño extracto del Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo que sirve de base a la desestimación del recurso de casación, así como el Fallo de la Sentencia:

TERCERO

[…]

“Pero en este caso, la necesidad de identificación de los trabajadores que ocupa cada una de las puestos que en la RTP se relaciona no resulta baladí, pues los elementos personales guardan relación con aspectos tales como la formación, titulación, y especialización, siendo también necesarios para delimitar las circunstancias de las vacantes, su cobertura, orden de prioridades, sistemas de sustitución y de promoción, etc.

En suma, parece evidente que el cumplimiento de aquellas funciones de las representaciones sindicales justifica el acceso a tal dato y, por ello, no se produce un acceso indebido a datos personales que contravenga el derecho a la protección de tales datos.

Todo ello no impide afirmar la obligación de los sindicatos de limitar el uso estricto de los datos cedidos por la empresa a la finalidad para la que se considera legítima la cesión, pues lo contrario sí sería susceptible de constituir una lesión del derecho de los trabajadores, además del deber de sigilo que el art. 65 ET impone a los representantes legales de los trabajadores y que se extiende a la representación sindical por mor de la equiparación que a aquellos se hace en el art. 10 LOLS”.

F A L L O

“Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido desestimar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de la Función Pública) contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 21 de diciembre de 2016 (autos 312/2016), con la consiguiente confirmación de la misma. Sin costas.”