CSIF solicita una reunión a los Grupos parlamentarios sobre el Registro civil
Tras la toma de posesión del nuevo Gobierno y el inicio de una nueva legislatura
15 de Enero de 2020

CSIF ya ha trasladado al nuevo Ministro, por escrito, y verbalmente en el acto de cambio de cartera ministerial, la urgente necesidad, de negociar un nuevo modelo de Registro Civil

Ante la proximidad, de nuevo, de la finalización de la prórroga de la “vacatio legis” de la Ley 20/2011, CSIF se reafirma en la defensa de un Registro civil dentro de la Administración de Justicia y gestionado por funcionarios/as de Justicia.

CSIF ha presentado en varias ocasiones al Ministerio de Justicia una propuesta un Registro civil público, gratuito, único, informatizado, descentralizado, próximo al ciudadano, centrado en las personas y no en los hechos registrales, moderno en su organización y que aproveche la infraestructura actual de este servicio público, garantizando que esté gestionado por funcionarios de Justicia y estableciendo unas relaciones de puestos de trabajo donde se definan tanto responsabilidades como reconocimientos retributivos y laborales para los funcionarios destinados en él.

No se puede ni se debe desaprovechar el potencial del capital humano de la Administración de Justicia cuyo esfuerzo y compromiso ha mantenido el Registro civil en funcionamiento prestando un servicio de calidad durante más de 150 años a pesar de la cicatería de los políticos que siempre han dado la espalda en materia de medios materiales y personales a este servicio público

CSIF está dispuesto a negociar el nuevo modelo de Registro civil. Este es el compromiso alcanzado con el anterior equipo ministerial tras una masiva movilización del personal de Justicia en defensa de sus funciones y el que CSIF exige que se mantenga por parte del actual equipo y por el partido que sustenta al Gobierno. Argumento de que estas funciones deben ser exclusivas del personal al servicio de la Administración de Justicia es el continuo atasco de los expedientes de nacionalidad, demostrando que los experimentos no llevan a ningún lado y deben considerarse una llamada de atención a la responsabilidad por parte del Gobierno para que esa competencia vuelva a los Registros civiles, reforzando su papel en el procedimiento, acercándolo al ciudadano y aprovechando el conocimiento y experiencia acumulados.

CSIF recuerda al Ministerio que en el año 2014 se firmó un preacuerdo (Ministerio y 3 organizaciones sindicales) en el que ya se abogaba por el mantenimiento del Registro civil dentro de Justicia y por el mantenimiento de los Juzgados de Paz como destino de funcionarios de Justicia reforzando su función, entre otras cuestiones, en materia de Registro civil.

La Ley 20/2011 tal y como está redactada va a tener consecuencias, sobre todo, en el entorno rural donde viven dieciséis millones de españoles. La planta del Registro civil que establece esta ley supone un alejamiento de este servicio público del ciudadano en donde es más vulnerable a la desaparición de servicios públicos como el del Registro civil. Ahora que se habla tanto de la “España vaciada” los servicios públicos pueden y deben jugar un papel fundamental en el necesario equilibrio territorial y demográfico en nuestro país y en asegurar la igualdad en el acceso a los servicios públicos y en el ejercicio de los derechos con independencia de dónde se resida.

Si de verdad se apuesta por la Agenda 2030, por un mundo sostenible, no se puede privar al importante entorno rural de nuestro país de más y más servicios públicos que solo aceleran su despoblación. En este sentido, CSIF recuerda que uno de los puntos del acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos, dentro de las medidas llamadas a revertir la población de la España Vaciada, se refiere, precisamente, a extender el conjunto de servicios públicos a toda la ciudadanía al margen del tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de la población a fin de favorecer el arraigo y asentamiento de la población rural, con el fin de garantizar una igualdad de oportunidades efectiva.