CSIF pide a la Junta de Andalucía un registro oficial de agresiones a docentes para visibilizar y hacer más eficaz la lucha contra la violencia en las aulas
ACTUALIDAD | EDUCACIÓN
04 de Noviembre de 2021

• En el Día contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, el sindicato recuerda que más de la mitad del personal afirma que el clima de convivencia en las aulas está “deteriorado”
• También espera que la Ley de Autoridad del Profesorado facilite la “protección integral” de los profesionales y les dé herramientas para afrontar esta problemática

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Andalucía, reivindica la dignificación del personal docente y apuesta por su “protección integral” con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, que se celebra este 4 de noviembre. La presidenta del Sector de Educación, Elena García, ha recordado que más de la mitad de los profesionales de la comunidad viven situaciones conflictivas en las aulas a diario y han sido agredidos verbal o físicamente al menos una vez a lo largo de su carrera, de ahí que pida a la Consejería de Educación y Deporte que elabore un registro de agresiones contra el profesorado, una especie de contador oficial como el que ya existe para el personal sanitario que sirva de mecanismo para visibilizar el problema e incrementar la eficacia de la lucha contra estos episodios.

La responsable de CSIF Educación Andalucía ha señalado que la creación de ese registro significaría que “la Administración al fin toma conciencia de un fenómeno que se ha agravado en los últimos años” con la proliferación de Internet y de las redes sociales y la facilidad de acceso a las nuevas tecnologías, hasta el punto de que el 20% de la población en edad escolar padece la lacra del acoso escolar y uno de cada cuatro casos se corresponde con ciberacoso.

Según una encuesta realizada por el sindicato al final del pasado curso, más de la mitad de los docentes andaluces (el 51,3%) se enfrenta a diario a situaciones de conflictividad de baja intensidad en sus aulas, como disputas entre el alumnado, conductas disruptivas o interrupción de las clases por motivos relacionados con la indisciplina. El porcentaje es más acusado en Secundaria (56,5%) que en Primaria e Infantil (46,2%).

El sondeo también refleja que el 60,3% del profesorado ha sufrido alguna agresión física o verbal en el ejercicio de su trabajo. El 51% de esos profesionales fue agredido por el propio alumno; el 17%, por familiares del alumno; y el 30%, por ambos. Las agresiones son protagonizadas de modo mayoritario por el alumno en Secundaria (67,8%) y de una manera más repartida en Infantil y Primaria (34% por el alumno, 34% por su familia y 31% por ambas partes). En total, el 55% de los docentes de la región consideran que el clima de convivencia en sus clases está “deteriorado”.

Estos datos son “tan significativos como preocupantes”, según la presidenta del Sector, que espera que la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, aprobada en el Parlamento de Andalucía el pasado julio, “sirva para combatir con mayores recursos y garantías para los docentes este tipo de comportamientos violentos que deben ser erradicados”. La nueva normativa “no debe ser un fin en sí misma, sino un medio que propicie la adopción de medidas dirigidas a mejorar la convivencia, reducir la conflictividad y dignificar la labor docente”, ha añadido García, quien ha recordado que la pandemia no hizo más que empeorar el día a día de los profesionales de la enseñanza. En este sentido, el 92% de ellos vivió momentos de estrés, angustia o hartazgo en su trabajo como consecuencia de la coyuntura provocada por la crisis sanitaria.

La responsable sindical también incide una vez más en resolver la histórica necesidad de reducir las ratios en las aulas para así “favorecer la creación de un mejor clima de convivencia”, ya que “es intolerable que sigan produciéndose este tipo de situaciones, ante las que las administraciones y la sociedad en su conjunto deben luchar con todas las medidas a su alcance”. Igualmente apuesta por que el profesorado, además de ver reforzado el sistema de asistencia jurídica y psicológica, reciba una formación específica para afrontar estas situaciones y sea presentado como símbolo de autoridad ante las familias del alumnado, dos herramientas imprescindibles para conseguir esa protección total.