CSIF-A pide que no se escatime en equipos de protección para profesionales de la sanidad pública ante el aumento de contagios por COVID-19
ACTUALIDAD | SANIDAD
23 de Julio de 2021

  • El sindicato sostiene que “los EPI y el material que la Junta dice tener reservados” deben estar a disposición de las plantillas y no guardados en almacenes
  • Insiste en que el plan de verano del SAS es insuficiente y la falta de recursos humanos se traduce en sobrecarga de los trabajadores y bajada de la calidad asistencial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional del SAS, ha pedido que no se escatime en equipos de protección individual para los profesionales de la sanidad pública andaluza ante el aumento de casos por COVID-19 en la comunidad.

CSIF Sanidad Andalucía ha manifestado la necesidad de que el personal cuente con todo el material para hacer frente a esta quinta ola pues, tal y como ha declarado Victorino Girela, presidente del sector, “evidentemente el riesgo de contagio por exposición aumenta conforme lo hace el número de personas que se atienden en los centros de Atención Primaria y en hospitales”.

“La Junta de Andalucía saca pecho por las existencias de material de protección con las que cuenta, pero de nada sirve que estén almacenadas. Donde deben estar es en los centros de trabajo, al servicio de un personal que a diario se juega la vida atendiendo a la ciudadanía”, ha añadido.

Asimismo, CSIF ha pedido que se dé formación e información a las y los trabajadores nuevos sobre cómo ponerse y quitarse los EPI, así como sobre su uso y desecho, ya que una mala manipulación también supone un riesgo de contagio. La Central Sindical ha insistido en que “hay que facilitar todos los recursos y poner en marcha todas las acciones necesarias para que los profesionales puedan realizar sus labores con todas las garantías”.

El SAS cuenta actualmente con 251 profesionales de baja por haber dado positivo en COVID-19, según los datos del último informe de Prevención de Riesgos Laborales facilitado por la Administración sanitaria, de los que 179 son mujeres (un 71,3 %) y 72 son hombres (el 28,7 %). Asimismo, hay más de 130 en situación de aislamiento. La cifra de trabajadores contagiados en Andalucía desde el inicio de la pandemia asciende a 12.943 profesionales (un 11,28 % del total de la plantilla), repitiéndose la amplia diferencia entre mujeres y hombres, con 9.307 y 3.636 casos respectivamente.

Las denuncias del sindicato por la falta de EPI y otros elementos como batas, mandiles, patucos, gorros, gafas y mascarillas se vienen sucediendo desde el inicio de la crisis sanitaria. De hecho, llegó a presentar una demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Consejería de Salud y Familias y contra el Servicio Andaluz de Salud por lo que entendía como una “vulneración de derechos fundamentales” en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo del personal de la sanidad andaluza ante la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2.

El Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, además, ha recalcado que el plan de verano del SAS es “insuficiente” un año más, siendo aún más preocupante este 2021 por la situación de pandemia que se vive y por el aumento de contagios en esta quinta ola. “Las contrataciones y sustituciones escasean, y eso tiene una traducción directa en la sobrecarga con la que trabaja el personal y en una bajada de la calidad asistencial”, ha explicado Girela.

“Es preocupante la opacidad con la que está tratando la Consejería de Salud y Familias el tema del plan de verano, que se ha hecho tarde y mal. Lo que sí está claro es que se están cerrando camas en los hospitales y que muchos centros de salud dejan de prestar servicio por las tardes incluso en zonas costeras, donde aumenta la población durante la época estival”, ha añadido el representante sindical.

Por último, la Central Sindical ha denunciado que el SAS está utilizando a los profesionales contratados como refuerzo por la COVID-19 para funciones de todo tipo, desde cubrir vacaciones y bajas médicas hasta comisiones de servicio y promociones internas. Una decisión con “claros criterios economicistas” a costa de la saturación de los profesionales, que llevan un año y medio desbordados.